Gobierno de Chile

1. Subsecretaría del Interior

a. División Jurídica.

Entre el 21 de mayo de 2009 y el 11 de marzo de 2010, se publicaron las siguientes leyes:

● Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, Ley Nº 20.405.

● Ley que establece feriado legal para el día de la Elección Parlamentaria y Presidencial de 2009, Ley Nº 20.409.

● Ley que fija la planta de personal del Servicio Electoral, Ley Nº 20.395.

● Ley Nº 20.368 que crea la Provincia de Marga Marga, Ley 20.368.

b. Materia social.

A través del Fondo Social Presidente de la República, durante el año 2009 se financiaron un total de tres mil 455 iniciativas por un monto total de seis millones 200 mil 331 pesos.

El Programa ORASMI en el año 2009 aprobó 32 mil 240 solicitudes, por un monto total de mil 811 millones de pesos.

Por su parte, en virtud de los convenios suscritos entre el Programa ORASMI y diversos ministerios, se benefició a dos mil 40 personas, lo que significó una inversión total de 229 mil millones de pesos.

Haciendo un diagnóstico general se ha otorgado atención, en forma transitoria, a personas o grupos familiares que se encuentran en estado de indigencia o necesidad manifiesta, que no pueden ser cubiertas por su urgencia o características particulares por otras instituciones públicas. Lo anterior se traduce en cuatro mil 802 beneficiarios.

Por otra parte, se han financiado programas y proyectos sociales orientados a superar la extrema pobreza, con un total de 264 proyectos aprobados.

Durante el año 2009 se otorgaron 223 pensiones de gracia, que constituyen un beneficio pecuniario otorgado a personas que hubieren prestado servicios distinguidos o realizado actos especiales meritorios en beneficio del país y a personas que carecen de ingresos.

c. Gobierno Interior.

La gestión del Servicio de Gobierno Interior se ha fortalecido mediante la coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios públicos. Al efecto, se constituyeron 52 comités asesores en provincias; 584 actividades del Gobierno+Cerca con una cobertura de 260 comunas y 272 mil 493 beneficiarios directos.

En el Sistema de Protección se llegaron a cubrir las 53 provincias. Adicionalmente, se efectuaron 228 reuniones gobierno-policía-comunidad.

d. Departamento de Extranjería y Migración.

La perspectiva que ha buscado imprimir el Gobierno de Chile tiene como fundamento el profundo respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y para ello ha buscado generar acciones que permitan la regularización migratoria como elemento esencial, para lograr la integración de los inmigrantes en Chile como país de acogida, con especial énfasis en el reconocimiento de la condición de refugiado.

Durante el año 2009, la Unidad de Pasos Fronterizos realizó una gestión orientada a:

● Inversión en diseño, construcción y mejoramiento de la infraestructura de complejos fronterizos.

● Coordinación con los distintos servicios públicos que operan en el ámbito de control fronterizo, participando además en distintas instancias de integración con los países vecinos con el fin de promover el desarrollo de las relaciones y establecer acuerdos para concretar en forma efectiva el tránsito fronterizo terrestre junto con la integración vecinal. En este contexto, la gestión de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior colabora activamente con la política de integración vecinal de Chile.

e. Programa de Derechos Humanos.

Se ha actuado en el seguimiento de las causas judiciales vigentes de las víctimas calificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, prestando apoyo material y documental con la participación del programa en un total de 331 procesos que involucran a mil 103 víctimas y en 76 reuniones con agrupaciones de familiares de las víctimas.

También se ha brindado apoyo con reparación simbólica y cultural, a través de expresiones artísticas concretas, tendientes a dignificar a las víctimas y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos.

En cuanto a las causas ingresadas a los tribunales, a la fecha se encuentran en tramitación 331 procesos, que involucran a mil 103 víctimas. Lo que se traduce en una asistencia legal y judicial a los familiares de las víctimas.

f. Programa de Reconocimiento al Exonerado Político.

Concluyó en el año 2009 la recepción de apelaciones de postulantes a las leyes sobre exoneraciones políticas, calificando a ocho mil 263 personas, cuyos expedientes fueron remitidos al Instituto de Prevención Social, IPS, para calcular los beneficios correspondientes. Al término del año, de las 155 mil 318 presentaciones de la Ley Nº 19.881 se constata un total de 66 mil 558 casos calificados, de los cuales 24 mil 759 personas obtuvieron pensión de tipo no contributivo. Por otra parte, se otorgaron 24 mil 39 abonos de tiempo por gracia que permitieron reliquidar pensiones o bonos de reconocimiento a las personas afiliadas al sistema de AFP.

g. Sistema Integrado de Emergencia.

Para su implementación, durante el año 2009 el presupuesto asignado fue de mil 299 millones de pesos. Con cargo a estos recursos se diseñó el modelo que pretende la coordinación e integración de los servicios, generando condiciones de acceso al auxilio oportuno a las personas en situaciones de emergencia, para lo cual se creó un número 100, con funcionamiento las 24 horas, de forma gratuita, cuyo piloto se desarrolló en la Región del Maule.g. Sistema Integrado de Emergencia.

2. Servicio Electoral

Luego de la calificación de las elecciones presidenciales, correspondió realizar un completo levantamiento del estado del total de juntas inscriptoras y juntas electorales que lo componen para el proceso de apertura de inscripciones del año 2010. En total, se analizaron 408 juntas inscriptoras permanentes y 113 juntas electorales.

Hasta antes del 27 de febrero se encontraba casi el total en condiciones de operar, sin embargo, producto del terremoto, una parte relevante del sistema electoral entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía sufrió cambios y, al 11 de marzo, el 76,6 por ciento del sistema electoral se encontraba en posición de funcionar y cerca de 120 organismos electorales habían sufrido daños.

Asimismo, el sistema de control del gasto electoral se encontraba en proceso de revisión de 500 cuentas declaradas en total, a fin de activar los procesos de reembolso, remanentes de aportes y procesos sancionatorios. Al 11 de marzo, el cien por ciento de las cuentas se encontraban procesadas, estando a ese momento alrededor de 50 de ellas en proceso de observación, faltando las respuestas de los candidatos para dictaminar su estado final.

3. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

a. En el ámbito regional:

● La transferencia de competencias a los gobiernos regionales ha permitido a sus actores proyectar su región en base a sus propias inquietudes y expectativas. En materia de planificación, siete gobiernos regionales actualizaron sus estrategias de desarrollo regional. Esta transferencia de competencias ha permitido a estos actores proyectarse en base a sus propias necesidades.

● Se efectuó la transferencia de competencia de ordenamiento territorial a todos los gobiernos regionales, intensificándose la Zonificación de Borde Costero en catorce regiones del país y se inició la instalación de capacidades en los gobiernos regionales para el análisis de riesgos naturales en el territorio, elaborándose un manual metodológico en la materia. En conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se comenzaron tres postítulos con el objeto de fortalecer a las divisiones de planificación de los gobiernos regionales.

● En materia del traspaso de la competencia de Política Activa de Empleo se suscribieron dos convenios. El primero, entre la Subdere y el Ministerio del Trabajo para establecer un mecanismo de traspaso de esta competencia a los gobiernos regionales. El segundo, consistió en un convenio de asistencia técnica con la Organización Internacional del Trabajo que permitió la elaboración del estudio sobre “Intermediación y Políticas de Empleo” y la realización de un seminario internacional y talleres de especialistas sobre intermediación laboral y políticas de empleo.

● Se diseñó y puso en marcha el sistema de acreditación e incentivos destinado a los gobiernos regionales en tres regiones. El diseño incluyó la realización de un diplomado en gerencia pública y para la realización de la fase piloto y el mejoramiento del diseño básico del sistema se suscribió un convenio con el Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, Chile Calidad.

● Se buscó profundizar el enfoque territorial en la gestión regional. En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, y en relación con el Programa Marco de Calidad, se realizaron asesorías técnicas a diez gobiernos regionales, intendencias y gobernaciones provinciales de catorce regiones del país.

● Se avanzó en materia de internacionalización de las regiones, participando en cuatro comités de integración con Argentina, mediante la publicación de la Revista de la Región al Mundo y la capacitación en materia de relaciones internacionales, cooperación internacional descentralizada e integración a 86 funcionarios de la totalidad de las regiones del país.

● En materia de Inversión Pública se invirtieron a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 595 mil 641 millones de pesos, que equivale al 99,4 por ciento de los recursos provenientes de este fondo, superando en un 1,1 por ciento al año 2008. La inversión en proyectos intensivos en la contratación de empleo, alcanzó el 78,44 por ciento.

● Mediante la ejecución de fondos por cinco 636 millones 211 mil pesos de la provisión del Programa Puesta en Valor del Patrimonio se actualizaron y validaron las carteras plurianuales en nueve regiones y se fortaleció el Consejo de Monumentos Nacionales con la contratación de siete profesionales.

● El Programa de Electrificación Rural alcanzó una cobertura eléctrica del 95,7 por ciento a nivel nacional, con dos mil 800 viviendas rurales electrificadas en el año. El monto total de inversión alcanzó los ocho mil 281 millones 169 mil pesos.

● La Provisión de Saneamiento Sanitario, con una inversión de 23 mil 629 millones 740 mil pesos, financió un total de 131 proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. Se logró alcanzar un total de cinco mil 261 arranques de agua potable y once mil 228 uniones domiciliarias de alcantarillado sanitario. Conjuntamente, se elaboraron 77 proyectos de reparación, rehabilitación y reemplazo de plantas de tratamiento de aguas servidas, que se deberán materializar en el transcurso del año 2010.

● El Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial financió un total de 92 proyectos en las regiones de Coquimbo, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con un costo total de 16 mil 491 millones 904 mil pesos.

● En el marco de la ejecución del Programa de Residuos Sólidos, consistente en 18 mil 882 millones 774 mil pesos, se llevaron a cabo asistencias técnicas a ocho municipios para levantar carteras y realizar el seguimiento de los proyectos financiados por el programa. Se financiaron 23 estudios de proyectos nuevos, planes de cierre, estudios de gestión regional y trece obras menores de vertederos. Se realizaron 83 proyectos de compra de maquinaria para una mejor gestión de los residuos sólidos y se financiaron la normalización, obras menores y obras de cierre de vertederos.

b. En el ámbito municipal:

● Se implementó la estabilización e incremento de los flujos de caja asociados a la temporalidad de las recaudaciones de los grandes componentes del Fondo Común Municipal. Adicionalmente, el Fondo Común Municipal contempló un aporte extraordinario de 26 mil millones, destinado a apoyar la gestión de las municipalidades.

● Se desarrollaron diversos programas para modernizar la gestión y eficiencia de los municipios:

- Programa para el desarrollo de una plataforma informática Ventanilla de Trámites Municipales, VTM, que permite a la ciudadanía efectuar trámites en línea. Se encuentran operando 84 municipios con la consecuente capacitación a operarios y público en general.

- Se puso en operación la plataforma web del Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, on line para realizar postulaciones, administración y seguimiento de proyectos PMU regionales y municipales en línea.

- Se encuentra en implementación el Sistema Financiero Municipal, SIFIM, para lo cual se ha realizado un diagnóstico tecnológico municipal. Esta iniciativa, está dirigida a 120 municipalidades y diez corporaciones municipales de Educación y Salud, con quienes se encuentran vigentes convenios de colaboración.

- El Programa de Apoyo a la actualización de planes de desarrollo comunal colaboró en la actualización de 31 de éstos.

- La ejecución del Programa de Fortalecimiento de las Asociaciones Municipales permitió financiar 20 proyectos de fortalecimiento, con énfasis en la construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo Económico Territorial.

- La unidad de calidad municipal avanzó en la consolidación de un Sistema de Clasificación de Riesgo Municipal, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se desarrolló un diagnóstico para anticipar situaciones de crisis financiera de las municipalidades a partir de una evaluación de los municipios respecto de su gestión financiera.

● En cuanto a la reforma municipal se avanzó en los siguientes ámbitos:

- Sistema de Apoyo a la Acreditación de los Servicios Municipales, cuya finalidad es optimizar la calidad de los servicios municipales que se entregan a la comunidad y fortalecer la capacidad de gestión. Se realizaron las siguientes acciones:

* Se creó la Comisión Asesora Ministerial en Materias de acreditación de la Calidad de los Servicios Municipales.

* Un total de 35 municipalidades han aplicado el modelo de gestión de calidad.

* Se realizó el Tercer Seminario Internacional en Gestión de Calidad para Ciudades Modernas.

* Se diseñó el Sistema de Mejoramiento Progresivo de la Gestión Municipal que tiene como propósito dotar a las municipalidades, con prácticas incipientes de gestión.

- La implementación del Sistema Nacional de Capacitación Municipal permitió capacitar a un total de once mil 435 funcionarios municipales. Además, se desarrollaron en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, las siguientes líneas de trabajo: perfiles ocupacionales municipales, contabilidad gubernamental, capacitación para el cambio tecnológico, capacitación según iniciativas comunales y formación especializada en áreas estratégicas.

- Se aprobó por parte de la Contraloría General de la República el Reglamento del Programa Ciudades Bicentenario, cuyo propósito es desarrollar un mecanismo de financiamiento reembolsable de proyectos y programas que permita a los municipios ejecutar las iniciativas de desarrollo urbano. Además, concluyó exitosamente la negociación con el Banco Interamericano del Desarrollo para la suscripción de un programa de crédito y se elaboró una metodología para generar planes de inversión del programa, para que los municipios conformen un grupo estructurado de proyectos con una imagen objetiva de la comuna.

También se invitó a participar a 26 nuevas municipalidades, de las cuales 21 han dado inicio a un proceso de asistencia técnica que les permitirá elaborar los planes de inversión. Por otra parte, 18 municipios fueron sometidos al proceso de clasificación de riesgo por entidades reconocidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS.

● Otras iniciativas:

- En relación con el Plan Territorio Arauco y el Plan Más Trabajo Talcahuano-Hualpén se inauguraron obras que corresponden a proyectos educacionales o culturales, entre los cuales cabe destacar el Centro de Formación Técnica de Lebu, la escuela Villa Acero y el Centro Interactivo Ciencias, Artes y Tecnología, CICAT, de Coronel.

- En el marco del Plan Tocopilla se inició la construcción y reparación de edificios públicos dañados por el terremoto, tales como las municipalidades de Tocopilla y María Elena, la gobernación, el hospital, la comisaría, el cuartel de Bomberos, sumado a la inauguración en diciembre de las escuelas Pablo Neruda y Arturo Prat. En el ámbito habitacional se entregaron cinco mil 417 viviendas.

- Se finalizaron las etapas de diseños básicos y estudios de ingeniería de los proyectos más relevantes en el borde costero de Concepción, como el corredor de Talcahuano, que beneficiará a 74 mil 394 personas, y el corredor de Coronel, que beneficiará a 50 mil personas. Además, se mejoró la conexión sector centro Tumbes o tercer acceso a los cerros y se inició la principal carretera, Ruta 160, que conecta la provincia con el gran Concepción. Además, está la construcción de la Ruta P-40 que conecta Arauco con Lebu por la costa.

- En San Antonio se entregó asistencia técnica para mejorar la calidad del equipamiento urbano, particularmente referido al casco histórico de esa ciudad. Adicionalmente, concluirá una serie de proyectos viales tales como Pavimentación de Red Vial Secundaria entre Arboleda y Cuncumén y reposición completa de la ruta costera de San Antonio a Algarrobo.

c. Comité Interministerial para el desarrollo de zonas extremas y especiales, CIDEZE:

● Se implementó el Plan Cordillera Araucanía que aborda tres áreas de intervención: infraestructura vial sanitaria, eléctrica, educacional y salud; plan de vivienda y habitabilidad, y sistemas productivos.

● Se implementó una agenda de trabajo en territorio cordillera en La Araucanía que comprende comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue. Se implementó el plan de reconstrucción las áreas prioritarias trabajadas: infraestructura vial, educación y salud; sistema productivo; habitabilidad social, habitabilidad servicios, habitabilidad deporte y habitabilidad vivienda.

● En Arica se continuó con la gestión interministerial que permite concluir la implementación del Plan Arica, carta de navegación de la inversión y la gestión pública en la nueva Región de Arica y Parinacota.

d. Iniciativas legislativas:

● Se continuó con la tramitación de proyecto de ley orgánica constitucional que establece el Estatuto Especial de Gobierno y Administración del Territorio Especial de Isla de Pascua. Además, durante la tramitación de esta iniciativa el Ejecutivo ingresó un proyecto de reforma constitucional que entrega atribuciones para limitar la migración en los territorios especiales de Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Para el caso de Isla de Pascua, por ser territorio indígena, se realizó un proceso participativo como lo señala la puesta en vigencia del Convenio 169. Esta consulta fue abierta a través de un plebiscito el 24 de octubre del año 2009.

● La reforma constitucional regional fue promulgada el 16 de octubre del año 2009 y está pendiente el diseño de la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional en materia de elección de los consejeros regionales.

● Se aprobaron las siguientes normas:

- Ley Nº 20.368 que crea la provincia de Marga Marga, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 25 de agosto de 2009.

- Ley Nº 20.330, que fomenta la prestación de servicios por parte de profesionales y técnicos jóvenes en las comunas con menores niveles de desarrollo del país. Publicada el 25 de febrero de 2009.

- Ley Nº 20.334, que regula efectos de anulación de elecciones en instalación de autoridades municipales y consejos regionales. Publicada el 4 de febrero de 2009.

- Ley Nº 20.346, que aprueba la Reforma Constitucional sobre Asociaciones de Municipalidades. Publicada el 14 de mayo de 2009.

- Ley Nº 20.355, que modifica el Art. 66 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de concesiones de servicios municipales. Publicada el 25 de junio de 2009.

- Ley Nº 20.362, que faculta el aporte extraordinario de recursos para las municipalidades del país. Publicada el 5 de julio de 2009.

- Ley Nº 20.390 de reforma Constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional. Publicada el 28 de octubre de 2009.

- Ley Nº 20.387, que faculta para renovar beneficios por retiro voluntario a funcionarios municipales. Publicada el 14 de noviembre de 2009.

4. División de Seguridad Pública

Una de la principales funciones que ejerce el Ministerio del Interior es la de proponer al Presidente de la República las normas y acciones sobre políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social.

a. Estrategia Nacional de Seguridad Pública:

Durante 2009, el trabajo de la división se centró en la coordinación de la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ENSP, que contemplaba 121 metas para el año, las cuales estaban agrupadas en las áreas de: Institucionalidad; Información; Prevención, control y sanción; Rehabilitación y reinserción social, y Asistencia a víctimas.

b. Antecedentes respecto de la gravedad de la delincuencia en Chile:

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, 2008 arrojó que la victimización en hogares ha bajado de 43 por ciento a 35,3 por ciento entre 2003 y 2008. Este último porcentaje implica que anualmente se cometen alrededor de 2,5 millones de delitos, es decir, uno cada doce segundos. A estos delitos hay que sumarle, sin embargo, otro conjunto de delitos que no son levantados mediante la encuesta a victimización a hogares, como la victimización del comercio, la violencia intrafamiliar y los delitos sin víctima, tales como el tráfico de drogas. Hoy, más de la mitad de los establecimientos comerciales es victimizado cada semestre, el quince por ciento de mujeres y el 33 por ciento de los niños es víctima de violencia física grave, y hay alrededor de 100 barrios críticos en los cuales, en la práctica, no hay Estado de Derecho, pues están dominados por narcotraficantes.

Además, anualmente se detienen alrededor de 160 mil personas por delitos de mayor connotación social, se tramitan alrededor de 700 mil causas en el sistema judicial y hay 100 mil personas cumpliendo condenas. La mitad de ellos en las cárceles y la otra mitad en el medio libre. Las cárceles presentan un déficit de plazas promedio de 50 por ciento, pero es crítico en algunos centros. Actualmente, el costo social de la delincuencia, incluyendo los costos públicos y privados, asciende a 195 dólares per cápita y 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, cifra que es más alta a la proporción del PIB que representa el total gasto en educación terciaria. Comparadamente, además, el gasto público en reducción del delito es relativamente bajo en Chile.

c. Efectos de la delincuencia:

Desde el año 2005 la delincuencia es la principal preocupación de la población. Si bien la percepción de riesgo de ser víctima en los próximos meses ha disminuido, otros indicadores han empeorado, como por ejemplo la proporción de la población que se siente muy insegura al caminar sola en su barrio cuando ya está oscuro, cifra que asciende actualmente a 25 por ciento. Estos efectos son especialmente graves en la población de bajos ingresos. Así, mientras el 14,4 por ciento de las personas de hogares ABC1 se sienten muy inseguros en la mencionada situación, el 31,2 por ciento de la población de hogares de menos recursos se sienten muy inseguros.

d. Desafíos:

Los desafíos que persisten son de gran envergadura. Si bien la ENSP tuvo la virtud de aunar bajo un mismo instrumento de gestión las principales acciones que desarrollan los diversos órganos del Estado en materia de reducción de la delincuencia, los indicadores de resultados incorporados en ésta tienen relación con el logro de coberturas o instalaciones, y no con indicadores relativos al impacto que las acciones han tenido en la victimización o el temor.

En cuanto a las áreas de acción contempladas bajo la denominación general de la reducción de la delincuencia, existe consenso respecto que el Servicio Nacional de Menores, Sename, no es capaz de entregar la oferta programática requerida por los niños y jóvenes que cometen un delito.

En materia de control, y sólo por nombrar algunos problemas, falta avanzar hacia metodologías de trabajo de policías y fiscales centradas en la resolución de problemas y la precesión penal inteligente, dejando atrás definitivamente el foco en la mera correcta tramitación de casos.

El sistema carcelario, por su parte, tiene una sobrepoblación promedio de alrededor del 50 por ciento, y las condiciones de las cárceles del sistema no concesionado o tradicional hacen en la práctica imposible instalar oferta de rehabilitación.

Por último, anualmente egresan alrededor de 20 mil personas de las cárceles y existen sólo alrededor de 300 cupos en el programa de reinserción social de Gendarmería.

5. Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, Conace

El Conace mantuvo su énfasis en las áreas de control de oferta y demanda de drogas ilícitas.

a. Control de la demanda:

Los ejes principales de acción estuvieron centrados en fortalecer la prevención del consumo de sustancias y aumentar la oferta de tratamiento y rehabilitación a consumidores problemáticos de drogas.

● En prevención, se buscó fortalecer y consolidar la red territorial y comunal de prevención de consumo de drogas denominada Conace Previene en la Comuna, orientada a establecer –por medio de un convenio entre el municipio y el gobierno central– unidades comunales de prevención del consumo y tráfico de drogas a nivel territorial y comunitario. Durante el año 2009, se logró incorporar 33 nuevas comunas al programa, alcanzando la meta de un total de 173 comunas a lo largo del país, que cubren el 93 por ciento de la población a nivel nacional. A pesar de ello, los estudios indican que sólo un doce por ciento de los habitantes de estas comunas declara conocer las actividades que se realizan a través de este programa.

● Junto a los esfuerzos preventivos a nivel comunal, se puso énfasis en la descentralización y adecuación de la estrategia nacional de drogas a la realidad local de las diferentes regiones del país, a partir de diagnósticos locales, lográndose contar con quince planes regionales basados en estrategias de prevención a nivel territorial.

● A nivel escolar, en el marco de la estrategia preventiva Escuela sin Drogas, se distribuyó material educativo gratuito y se realizaron capacitaciones a establecimientos inscritos en la estrategia, alcanzando una cobertura de once mil 345 establecimientos.

● En el ámbito del tratamiento y rehabilitación de consumidores de drogas se realizaron acciones destinadas a satisfacer la demanda de atención de la población adulta general que presenta consumo problemático de sustancias psicoactivas, por medio del Convenio Conace-Fonasa-Minsal. Conace entrega los recursos financieros y asistencia técnica en el tratamiento y Fonasa distribuye los cupos de rehabilitación entre prestadores públicos y privados. Junto a ello, Conace asume la responsabilidad de supervisar y fiscalizar los centros de tratamiento bajo convenio, para asegurar la ejecución del programa y actividades, además de velar por la calidad de las prestaciones. A través de este convenio se logró otorgar tratamiento a seis mil 89 personas a lo largo del país.

● Por otro lado, la descentralización de la oferta es un reto adicional, ya que cerca del 80 por ciento de la oferta de tratamiento y rehabilitación de drogas se encuentra concentrada en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío.

● En paralelo, se ha reforzado el programa de tratamiento y rehabilitación para adolescentes infractores de la ley con consumo problemático de alcohol y drogas a través del Convenio II Conace-Fonasa-Minsal-Sename, que permite otorgar tratamiento y rehabilitación a estos jóvenes, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que faculta a los jueces establecer el tratamiento de drogas como sanción accesoria, con lo cual se logró otorgar tratamiento a tres mil 734 jóvenes en 95 centros del país. Junto a ello, se ha desarrollado un plan de capacitación continua a los equipos de tratamiento e instancias de capacitación a actores judiciales.

● Una innovación fundamental en materia de rehabilitación ha sido el desarrollo de los tribunales de tratamiento de drogas dirigido a imputados primerizos que hayan cometido delitos de carácter no grave, evaluados como consumidores problemáticos de drogas, pudiendo ellos acceder de manera voluntaria a intervención terapéutica, optando así por la suspensión condicional del procedimiento. Este programa funciona bajo un convenio entre el Conace y el Ministerio Público, bajo el cual se han constituido equipos jurídico-sanitarios en cuatro regiones del país: Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana. Durante el año 2009 tuvo una cobertura de 261 beneficiarios.

b. En el ámbito de control de oferta se realizaron avances importantes en:

● Aumentar la fiscalización a empresas inscritas en el registro de usuarios de sustancias químicas, según el Convenio de Viena que establece las comunicaciones multilaterales relativas al movimiento de sustancias químicas que puedan ser desviados para su utilización en la fabricación de drogas ilícitas. En Chile, el registro de usuarios de sustancias químicas está en desarrollo desde el año 2007, alcanzándose en 2009, 24 inspecciones a empresas inscritas en el registro, además de una actualización y renovación del registro existente, con un total de 154 empresas inscritas.

● En relación a la oferta de rehabilitación dentro de los centros carcelarios, se ve que sólo nueve cárceles públicas cuentan con programas de tratamiento de drogas, otorgando atención a alrededor de 800 personas privadas de libertad, sabiéndose que cerca de un 40 por ciento de la población penitenciaria, es decir, alrededor de catorce mil personas, tienen problemas con el consumo de drogas ilícitas.

● El diagnóstico de la prevalencia de consumo de drogas ilícitas en el último año indica que un 7,3 por ciento de la población entre doce y 65 años declaran haber consumido, durante el último año, algún tipo de sustancia ilícita. En cuanto al consumo problemático, el mismo estudio permite estimar que alrededor de 200 mil personas en el país presentan consumo problemático de drogas, según criterios del CID-10 y DSM-IV. En relación a lo expuesto, una deuda importante sería el aumento de oferta de tratamiento para estas personas, entre quienes se estima que alrededor de 27 mil 500 de ellos estarían dispuestos a someterse a un plan de tratamiento y rehabilitación. A pesar de ello, el sistema actual posee capacidad para ofrecer acceso a alrededor de trece mil personas.