Políticas ministeriales
1. Subsecretaría del Interior
Una vez que empiece a regir la nueva institucionalidad, contenida en la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el desafío será liderar la reestructuración administrativa de la misma, facilitando su implementación.
En ella se fortalecerá el rol de las autoridades de gobierno interior y del servicio de gobierno interior en su calidad de representantes naturales del Presidente de la República y del Ministerio del Interior en materias de orden público, seguridad pública y gestión del territorio.
En el ámbito asistencial se orientarán los programas de acción social hacia la creación de una nueva institucionalidad más eficiente.
2. División de Seguridad Pública
Se creará la nueva Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2011-2020, que será transversal y de largo plazo, es decir, una política de Estado. Dicha política será intersectorial e incorporará las acciones relativas a la prevención situacional y social, al control, a la rehabilitación y reinserción y a la atención de víctimas.
El liderazgo técnico en materia de seguridad ciudadana estará radicado en el Ministerio del Interior, el cual bajo la nueva institucionalidad apoyará financiera y/o técnicamente el trabajo de todos los demás organismos del Estado que ejecuten acciones o programas que formen parte de la estrategia nacional, la cual hace más concretos en tiempo y forma los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana.
Contemplará también la innovación, enfatizando la gestión inteligente de la información, el uso de nuevas tecnologías y la profesionalización del sector. Por último, esta política estará basada en evidencia y el conocimiento experto, sin importar dónde esté radicado. La focalización y adaptación a lo local, realización de pilotos cuya masificación estará sujeta a evaluaciones de impacto, serán también ejes orientadores.
Para la delincuencia común o más frecuente los focos estratégicos por ámbito de acción son:
a. Prevención situacional: masificar el diseño ambiental inteligente.
b. Prevención social: priorizar programas focalizados para abordar perfiles críticos, tanto a nivel geográfico –barrios– como demográfico –por ejemplo, menores–.
c. Control: canalizar información y tecnologías disponibles para mejorar efectividad de la aprehensión, la condena y la sanción de delincuentes, y comunicar las medidas para potenciar su efecto disuasivo.
d. Rehabilitación y reinserción: desarrollar y fortalecer programas integrados –pre y post condena– para reducir la reincidencia y favorecer la reinserción social efectiva.
e. Atención a víctimas: generar una Política Nacional de Atención de Víctimas que otorgue operatividad real a la red de atención ya instalada.
La prioridad que cada área tenga en cada lugar dependerá de la situación de cada localidad, para lo cual se avanzará en perfeccionar el modelo de gestión territorial construido en el pasado por la División de Seguridad Pública, DSP.
La existencia de barrios críticos, muchos de ellos afectados por el narcotráfico, serán objeto de políticas especialmente diseñadas para abordar las manifestaciones más serias de la delincuencia en el país. Varios de ellos ya han sido intervenidos en el pasado sin mucho éxito. Se evaluará las razones de dicha situación, se analizará la mejor experiencia internacional en esta clase de violencia y se velará por un diseño y una implementación de alta calidad.
Una vez elaborada la política de largo plazo y la primera estrategia que se enmarque dentro de ésta –las estrategias de menor duración serán más concretas y revisadas y mejoradas sobre la base de la retroalimentación y la experiencia– habrá una propuesta fundamentada de indicadores de impacto mediante los cuales se medirá el éxito de la política en general y de las estrategias en particular, al igual que las metas concretas.
Preliminarmente, es posible plantear que la reducción de la delincuencia, expresada como objetivo en el Programa de Gobierno, será plasmada en indicadores de gestión claves relacionados con:
a. Índices de victimización en hogares y en el comercio.
b. Denuncias y cifra negra.
c. Índice de temor.
Por otra parte, durante el primer año de gobierno se impulsará la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entre otras materias, y que implica un cambio institucional de gran envergadura para esta área de política pública. El proyecto de ley se encuentra actualmente en comisión mixta. En esencia, la nueva institucionalidad deberá lograr un equilibrio entre las facultades y herramientas para liderar técnicamente y coordinar las políticas en materia de reducción del delito, por una parte, y la radicación de excesivas funciones en un ministerio que ya tiene a su cargo una amplia gama de temas.
El presupuesto requerido para echar a andar la nueva institucionalidad, al igual que la nueva política, depende en gran medida del diseño final que quede plasmado en la nueva legislación. Preliminarmente es posible plantear, sin embargo, que el éxito de algunas áreas de trabajo, tales como la prevención social focalizada en niños o jóvenes mediante intervenciones familiares, requiere de mayores presupuestos que los actualmente disponibles para esta clase de programas.
Por otra parte, la ejecución en el territorio de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ENSP, hasta ahora ha estado sujeta una transferencia de fondos anual, tiempo que, salvo el caso puntual de la prevención situacional, es demasiado corto en relación a la permanencia en el tiempo requerida para que los programas en el nivel local tengan impacto. En este contexto, debe pensarse en alternativas como los convenios marcos, que permitan establecer líneas de financiamiento más permanentes para los municipios.
3. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere
Su labor se concentra en hacer de Chile un país efectivamente descentralizado, con gobiernos regionales y comunales más autónomos. Para ello, el desafío es dotarlos de mayores competencias y recursos suficientes, lo que se enmarca en una visión sistémica de la reforma del Estado, tanto de su institucionalidad como de su gestión, superando la actual perspectiva sectorial y por servicios.
a. Ámbito regional.
El objetivo es eliminar las barreras que impiden una verdadera descentralización. Para lograrlo se presentan en el ámbito regional seis objetivos de trabajo:
● Descentralización fiscal. El desafío es trasladar la decisión de una parte mayoritaria de la inversión pública a los gobiernos regionales y las municipalidades, dotándolos de mayores recursos de libre disposición y transferencias no condicionadas. La inversión también tendrá una mirada territorial.
● Reordenamiento y traspaso de competencias, funciones y atribuciones. Este traspaso se hará de acuerdo a las evaluaciones y estudios que se hayan realizado o se realicen en el futuro al respecto.
● Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y comunales.
● Fortalecer la probidad, transparencia y la rendición de cuentas.
● Promover la descentralización política.
● Aminorar la burocracia en las regiones.
b. Ámbito local.
Se está consciente de las serias dificultades que enfrentan las municipalidades para cumplir de manera oportuna y eficiente sus funciones, con graves limitaciones a su autonomía y severas complicaciones financieras. En consecuencia, se avanzará decididamente en el traspaso de mayores competencias y recursos a las municipalidades.
Reconociendo la diversidad territorial del país, se hará un proceso gradual y progresivo de transferencia de competencias, que se haga cargo de las distintas capacidades institucionales y de las complejidades de administrar territorios tan disímiles.
Se proponen los siguientes objetivos estratégicos de trabajo:
● Traspaso de nuevas competencias en el ámbito de su territorio, terminando con la duplicidad de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Este traspaso se hará de acuerdo a las evaluaciones y estudios que se hayan realizado o se realicen en el futuro al respecto.
● Hacer efectiva la autonomía administrativa para fijar plantas, organización interna y remuneraciones, respetando los derechos de los funcionarios municipales.
● Descentralización fiscal: mayor autonomía para determinar las fuentes de financiamiento y mayor transferencia de recursos desde el nivel nacional al local.
● Fortalecer la probidad y transparencia en los municipios.
● Aumentar la participación ciudadana.
La emergencia derivada del terremoto del 27 de febrero ha reafirmado la necesidad de descentralizar con aún mayor urgencia el país. Se ha hecho evidente que para enfrentar de forma oportuna y eficiente esta catástrofe es necesario otorgar nuevas facultades y competencias a la administración regional y local, con mayores recursos y autonomía efectiva en su uso.