Principales medidas
1. Medidas en el ámbito de la emergencia y reconstrucción nacional
a. Subsecretaría del Interior.
La entidad realizó acciones de coordinación y colaboración, tanto con la Dirección de Presupuesto, el Comité de Emergencia, la ONEMI y otros ministerios, con el objeto de resolver las diversas situaciones derivadas de la catástrofe. Al efecto, y en coordinación con la División Jurídica, en el ámbito de su competencia, se gestaron los instrumentos jurídicos que han permitido al Ministerio del Interior concretar las acciones tendientes a enfrentar la emergencia y absorber mano de obra. De esta manera, se suscribió un Convenio Marco entre el Ministerio del Interior y el Ejército de Chile –Cuerpo Militar del Trabajo– con fecha 12 de abril, y que fue aprobado por la Contraloría el 14 de abril de 2010. En base al convenio se firmaron 35 convenios de ejecución de obras.
La Subsecretaría del Interior ha dispuesto la transferencia de recursos autorizados por el Ministerio de Hacienda a intendencias, gobernaciones, municipalidades y ONEMI, entre otros organismos.
La División de Administración y Finanzas realizó el levantamiento de recursos comprometidos por intendencias, gobernaciones y ONEMI desde el terremoto al 10 de marzo y desde el 11 en adelante. Se conformó un equipo de profesionales con el fin de catastrar la magnitud de recursos comprometidos en esta emergencia. Este equipo se reunió con intendencias, gobernaciones y gobiernos regionales de las regiones afectadas, con el fin de orientarlos y prestarles ayuda. Además, se han realizado reuniones de coordinación con la ONEMI y la Subdere. Se ha catastrado a la fecha un importante monto de recursos comprometidos que han sido solicitados a la Dirección de Presupuestos, Dipres, con quien se ha trabajado estrechamente.
Por otra parte, se entregó un soporte administrativo para cumplir con las obligaciones financieras vinculadas a la catástrofe. Ello implicó un levantamiento de los compromisos, que consideró respaldo de los compromisos adquiridos por los servicios; envío de instrucciones sobre procedimientos administrativos relacionados con las solicitudes y uso de recursos de emergencia; mantención de catastro actualizado de compromisos de los servicios, y transferencia de los recursos aprobados.
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En cuanto al área social, el Fondo Social Presidente de la República ha dispuesto, a partir del 11 de marzo de 2010, en su instructivo publicado en la página web la posibilidad que las organizaciones sociales, intendencias y gobernaciones presenten proyectos en el ámbito de la emergencia destinados a financiar la recuperación de equipamiento comunitario –sedes sociales, clubes de ancianos, juntas de vecinos, clubes deportivos, multicanchas y otros– y proyectos relacionados con fomento productivo destinados a los pequeños productores que perdieron su fuente de trabajo.
Actualmente, se está realizando una sistematización de información y una segmentación de áreas de inversión, en coordinación con intendencias y gobernaciones.
En la misma línea, el gabinete ministerial se coordinó con la Dipres, el Comité de Emergencia y la ONEMI a objeto de agilizar las labores administrativas, y de resolver las emergencias derivadas de la catástrofe. Por otra parte, en el marco de la Ley de Sismos y Catástrofes, se han otorgado 90 certificados de donación provenientes del extranjero para facilitar los procesos administrativos.En el ámbito de Gobierno Interior, se habilitaron en todo el país dependencias acondicionadas para el funcionamiento de intendencias y gobernaciones dañadas en la zona de catástrofe. Para tales efectos, fue necesario determinar el número y grado de destrucción de las mismas.
La División de Informática, por su parte, prestó apoyo técnico a las intendencias y gobernaciones afectadas por la catástrofe, reemplazando equipos dañados, realizando visitas técnicas de apoyo y efectuando configuración remota de equipos.
b. Servicio Electoral, Servel.
El Servel, como órgano dependiente del Ministerio del Interior, ha tomado medidas en el ámbito de la emergencia y la reconstrucción, concentrándose en facilitar la operación y el uso de los recursos de las municipalidades de las localidades más afectadas y suspendiendo el funcionamiento de los organismos electorales, a fin de asegurar que los recursos se prioricen en las áreas de reconstrucción, para posteriormente con la normalización de los procesos volver a implementar el funcionamiento normal de los 122 organismos electorales en total que se encuentran bajo esta modalidad.
En relación a la etapa de emergencia se ha definido un plan para, de ser necesario, considerar extender la suspensión actual de organismos electorales, retrasar el funcionamiento de juntas temporales y cerrar aquellas que por motivos climáticos dificulten su operación, estableciendo con ello medidas para que el sistema electoral no entorpezca el desarrollo de las prioridades del proceso de reconstrucción a nivel local, sin impedir con ello a los ciudadanos que accedan a los servicios que se prestan en materia electoral, manteniendo otros canales para la ejecución de trámites frecuentes
c. División de Seguridad Pública.
Ha concentrado su trabajo en siete áreas, cuatro programáticas o temáticas y tres transversales. Estas son: prevención social y situacional, control y sanción, rehabilitación y reinserción, y atención a víctimas, por una parte, y gestión territorial, información y tecnologías, y cooperación público-privada, por otra.
● Prevención social y situacional. Se lanzó a nivel nacional el manual de recomendaciones de diseño urbano seguro para la normalización y reconstrucción de ciudades, que incluye recomendaciones de diseño arquitectónico y urbano para reducir oportunidades de delito y temor específicos para situaciones de anormalidad como son los asentamientos de emergencia, y la protección de la propiedad privada y del comercio en zonas afectadas, entre otros. Se entregaron tres mil copias entre encargados de las municipalidades, organismos y entes involucrados en administrar la emergencia y la reconstrucción de las comunas que fueron afectadas por la catástrofe.
● Información y tecnologías. Se entregó la planimetría y asesoría técnica a la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército de Chile, poniendo a su disposición la cartografía a nivel de manzana y lote, de las regiones del Maule y Biobío, además de orientar su uso computacional e institucional.
Se consolidaron los registros de personas fallecidas enviadas por las instituciones, se cotejaron con las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCEI, detectando errores en la información suministrada principalmente por el Servicio Médico Legal, SML, y finalmente se solicitó al SRCEI el envío de certificados de defunción a la Subsecretaría del Interior para su cotejo final.
d. Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, Conace.
Concentró su trabajo a través del diagnóstico de las regiones del país para poder conocer el impacto, tanto en recursos humanos y físicos, de las oficinas comunales y regionales.
Desde esa fecha se ha mantenido un catastro telefónico actualizado semanalmente, lográndose un monitoreo del cien por ciento de las oficinas, con identificación de daños e impacto. Junto a ello, se planificó una visita en terreno por parte de los equipos de Prevención y de Desarrollo Regional de Conace, para poder detectar las necesidades de los equipos en términos de contención sicológica y emocional, dada la importante labor que ellos realizan y la necesidad que los recursos humanos se encuentren emocionalmente estables y contenidos para poder continuar con el funcionamiento normal de los programas tanto a nivel comunal como regional.
Como medida para enfrentar el impacto provocado en las oficinas regionales y comunales, se realizó una reprogramación para flexibilizar el funcionamiento de los centros afectados por el terremoto. Se está realizando una evaluación de las capacidades reales de los centros de poder cumplir sus funciones de acuerdo a los convenios vigentes con Fonasa, Ministerio de Salud y Sename. Una vez aplicadas las medidas de flexibilización, se espera que a fines del año 2010 el cien por ciento de los centros se encuentren prestando atención a los beneficiarios.
e. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere.
● Ha implementado una serie de medidas y gestiones de emergencias tendientes a superar la crisis inmediata y afrontar las emergencias producto del invierno. A la fecha, se han realizado cinco levantamientos para actualizar la información referente al daño de servicios públicos y vivienda, a medida que los municipios han realizado su evaluación con mayor precisión.
● Estos levantamientos se profundizaron con un detallado catastro de las 78 comunas más afectadas por el terremoto de las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Metropolitana con la finalidad de medir el impacto del terremoto en las instalaciones municipales.
● A los 36 municipios, cuyas instalaciones fueron más afectadas, se les habilitó oficinas temporales, entregándose un total de 63 oficinas móviles. Para ello, se utilizaron recursos del Fondo de Emergencia de la Subsecretaría del Interior, por un monto cercano a los 133 millones de pesos.
● Para ayudar a los municipios en el levantamiento de escombros y adquisiciones de bienes para enfrentar la emergencia, se realizaron gastos directos y entrega de recursos a las comunas de las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.
● Además, se entregaron recursos adicionales a comunas de la Región de Valparaíso consistentes en 800 millones de pesos; a la Región de la Araucanía consistentes en 700 millones de pesos, y a la Región Metropolitana consistentes en mil 460 millones de pesos. Todo esto con el compromiso de la Dipres para enfrentar los mayores costos originados por el terremoto.
● Por otro lado, durante un mes y medio se realizó un catastro semanal en las regiones afectadas en materia de vivienda y respecto de las demandas de mediaguas, a través de las Unidades Regionales de la Subdere y los alcaldes. Esta información ha sido entregada al Comité de Emergencia para apoyar la distribución de viviendas de emergencias.
● Se realizó un catastro completo en las regiones de O’Higgins y Maule con la cantidad de escombros que los municipios habían levantado por metro cúbico y sus valores, cuánto quedaba por recoger y lo que les costaría, quiénes habían hecho este levantamiento, privados, militares o los propios municipios, y finalmente cuál fue el aporte monetario y deudas contraídas por los propios municipios. La Subdere en conjunto con el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Conama, desarrolló los instructivos que orientan a los municipios respecto de la forma de limpiar y retirar los escombros, separando los residuos sólidos de los orgánicos para su posterior traslado a vertederos y escombreras autorizados para la emergencia.
● En el catastro de daños también se consideraron los establecimientos educacionales municipales, información que sirvió para realizar en conjunto con el Ministerio de Educación el traspaso de recursos para la reconstrucción de los establecimientos con daños graves. En términos generales, se aprobaron 618 proyectos entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, por un total de once mil 765 millones de pesos. El 30 por ciento de estos proyectos fue adjudicado para la Región del Biobío.
● Se ha efectuado una coordinación con el BID, el Banco Mundial y el Banco Alemán de Reconstrucción, KFW, los cuales tienen crédito en ejecución en el país para la revisión del impacto del terremoto en la ejecución de los compromisos de crédito y poder negociar la flexibilización de instrumentos y reconocimiento de nuevos gastos que el país realice producto del terremoto.
● La subsecretaría ha contratado con universidades la realización de dos estudios para la identificación de las zonas de riesgo en las comunas costeras de las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. La finalidad de estos estudios, es contar con una propuesta que sirva de base para la definición de zonas de riesgo para la formulación de los respectivos instrumentos de planificación territorial con el objeto de enfrentar la reconstrucción y mitigar los eventuales efectos asociados al riesgo de tsunami.
● Creación de fondos vía Programa de Mejoramiento Urbano, PMU.
A fin reparar y eventualmente reponer la infraestructura municipal dañada por el terremoto, se crearon fondos especiales por un total de 20 mil millones de pesos destinados a:
- Reparación y reposición de edificios municipales siniestrados.
- Reparación de sistemas de agua potable rural.
- Implementación de municipios de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto.
- Reparación y/o reposición de oficinas municipales.
- Reconstrucción y reparación de edificios de atención primaria de salud.
Para un rápido y eficiente uso de estos recursos, la postulación de los municipios a ellos se efectuará utilizando el Programa de Mejoramiento Urbano y el Procedimiento de Evaluación establecido en la Circular 33 del Ministerio de Hacienda.
● La subsecretaría, a través del Programa Aldeas, brindará solución sanitaria –agua potable y sistemas de alcantarillado básico– a todos los habitantes de campamentos en regiones de emergencia, cuyos municipios soliciten los recursos.
● Se han propuesto diversas iniciativas legales que tienen por objeto facilitar acciones de apoyo a las labores de emergencia y reconstrucción en las zonas afectadas por la catástrofe, estableciéndose un especial énfasis en brindar ayuda directa a los municipios ubicados en estas zonas, que han realizado un gran esfuerzo financiero para colaborar en estas tareas.
El objetivo de estas medidas apunta a garantizar el normal funcionamiento de las municipalidades y con ello, ayudar al adecuado cumplimiento de sus funciones, fortaleciendo su rol y en consecuencia, beneficiando a los vecinos de las comunas afectadas que tendrán los servicios municipales operando con regularidad pese a la gravedad de la catástrofe. Asimismo, se establecen resguardos para que, eventualmente, no se vean disminuidos los ingresos del Fondo Común Municipal que pudiera afectar al resto de los municipios del país.
● Se suscribió un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para financiar proyectos de agua potable y saneamiento sanitario en localidades rurales de la zona afectada, por un monto de diez millones de dólares.
f. Comité de Emergencia.
En virtud de la función del Ministerio del Interior de proponer al Presidente de la República las normas y acciones sobre políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social es que el trabajo desde el 11 de marzo de 2010 se ha visto enfocado principalmente a resarcir los daños ocasionados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero.
En este contexto, a pocos días de asumir, el Presidente de la República constituyó una nueva institución dependiente del Ministerio del Interior que funcionará hasta junio para cubrir la etapa de emergencia. Esta instancia pasó a llamarse Comité de Emergencia, y está encargado de organizar la ayuda para los chilenos afectados por la catástrofe. En dicha entidad participan, entre otros, los ministerios del Interior y Panificación y las subsecretarías de Desarrollo, Carabineros e Interior. El comité trabaja coordinadamente con la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI.
La situación del comité al 14 de mayo del año 2010, especificando todas las áreas afectadas por el terremoto, es la siguiente:
● Viviendas de emergencia.
Una de las tareas más urgentes entre las que se encomendaron al Comité de Emergencia fue la de resolver la crisis de vivienda que se produjo como consecuencia del terremoto del 27 de febrero.
Al 14 de mayo el Gobierno ha levantado 20 mil 322 viviendas de emergencia en las zonas afectadas por la catástrofe, superando la meta inicial del Comité, que junto a Un Techo para Chile asumió la tarea de construir 40 mil soluciones de emergencia. En vista de este rápido avance y las necesidades detectadas, se solicitó levantar otras cinco mil viviendas para encarar la emergencia de invierno.
● Proyecto Refugio.
Se han entregado un total de 44 mil 947 colchones, 75 mil 885 frazadas, 625 camarotes y once mil 420 kits de aislación por parte de la ONEMI. En adelante, estas entregas se harán mediante el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, dependiendo de las necesidades de cada familia.
Las órdenes de compra están en proceso en la ONEMI y suman un total de tres mil 751 millones 997 mil 500 pesos. Estos materiales tienen distintas fechas de llegada, despachando cantidades parciales semanalmente.
En el área de logística, la mayor dificultad ha sido la lentitud y la escasa capacidad de producción de muchos proveedores. A partir de la reunión del comité del lunes 26 de abril, se decidió comenzar con la compra de lana de vidrio con yeso cartón -revestimiento- como material de aislación alternativo. Desde el martes 5 de mayo empezó la repartición masiva de estos materiales, aumentando significativamente el promedio de entrega diaria.
● Programa Aldeas
Busca fortalecer a familias y organizaciones de comunidades vulnerables que habitan en campamentos transitorios y presenten riesgos de conflicto social, a través de la instalación de infraestructura social, monitores y organizaciones sociales que trabajen problemas afines. Las características de este proyecto son:
- Cada 60 familias se instalará una sede social de 30 metros cuadrados.
- Cada 24 familias se instalará una batería de baños semi privados.
- Cada barrio deberá constituir una directiva y postular a través de ella a fondos para equipamiento sede social, juegos infantiles y demás mejoras.
• Programa Manos a la Obra
• Programa Manos a la Obra 2.0: Mejore su vivienda.
Con el fin de responder a la necesidad de los municipios de ir en ayuda de aquellos damnificados más expuestos a las inclemencias del invierno, se decidió extender el Programa Manos a la Obra a partir de la semana del 10 de mayo.
El objetivo principal de esta extensión es distribuir materiales de construcción básica que cumplan con la función de dotar a las viviendas de emergencia de elementos básicos de protección y mitigación de los efectos de las precipitaciones, el frío, la humedad y el viento.
Los nuevos fondos alcanzarán los cuatro mil millones de pesos y beneficiarán a 40 mil familias aproximadamente. Los materiales podrán ser adquiridos en todas las ferreterías y puntos de venta y distribución de las zonas afectadas por el sismo, fomentando así el comercio local además de la descentralización.
● Albergues, carpas y toldos.
● Agua.
De un total de 422 sistemas dañados, tres ya fueron recuperados y 133 se encuentran en ejecución, seleccionados por gravedad, porcentaje de población afectada y calidad del agua potable.
El Comité de Emergencia en conjunto con la Subdere ha ido en ayuda de las municipalidades más afectadas en materia de escombros, creando un programa de licitaciones para su limpieza. Hasta la fecha se han intervenido las siguientes localidades:• Escombros.
- Región de Valparaíso: San Antonio
- Región de O’Higgins: Chépica, Santa Cruz, Pumanque, Peralillo, Pichidegua.
- Región del Maule: Talca, Cauquenes, Constitución, Parral, Molina y Curicó.
- Región del Biobío: Talcahuano. Se están evaluando planes de limpieza para las comunas de Los Ángeles, Penco y Concepción.
- Región de La Araucanía: Angol.
- Región Metropolitana: Cerro Navia, Estación Central, Huechuraba, Macul, Peñalolén, San Bernardo, Quinta Normal, Santiago, Conchalí y Renca.
● Demoliciones.
- Equipo de trabajo: formado por personas del Ministerio de Obras Públicas y del Comité de Emergencia, los cuales actúan en conjunto con los intendentes de cada zona.
- Catastro de edificios: se define en principio levantar todos los edificios de más de cinco pisos que tengan decreto de demolición de fecha anterior al 9 de abril de 2010. Se solicita información a la Dirección de Obras Municipales, DOM, de las distintas municipalidades pero la respuesta es incompleta. Por lo tanto, se propone hacer un levantamiento personal visitando las regiones afectadas de tal manera de además obtener los antecedentes necesarios para los estudios de los distintos proyectos de demolición y, a su vez, aclarar si existen cambios en decretos de demolición por ingresarse en DOM proyectos de reparación.
● Donaciones.
A la fecha se han elaborado diferentes programas y propuestas de ayuda con el fin de presentar fórmulas atractivas que motiven la solidaridad de quienes están en condiciones de hacer una diferencia en esta situación de emergencia. A la fecha, se cuenta con una carpeta de 113 proyectos.
Con presentaciones frente a organismos como la Cámara Nacional de Comercio y reuniones con diversas embajadas y organizaciones internacionales, ya se ha logrado asegurar el financiamiento de tres proyectos por un monto que sobrepasa los 6,5 millones de dólares.
g. Oficina Nacional de Emergencia.
La ONEMI ha concentrado su actividad en diversas tareas:
● Envío de Unidades de Despliegue Territorial, UDT, a las regiones afectadas por la catástrofe para reforzar los equipos regionales en las áreas de evaluación de daños, consolidación de la información, telecomunicaciones y control de bodegas en las regiones más impactadas por los efectos del terremoto y tsunami. Los equipos en despliegue territorial han completado 527 días de misión/hombre, con un total de 52 funcionarios desplazados.
● Grupo de Trabajo Multisectorial de Información Geoespacial, GTMIG, terremoto y tsunami: se constituyó este grupo coordinado conjuntamente por la ONEMI y la Agencia Chilena del Espacio, integrado de forma activa por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile y la Dirección de Geofísica de la Universidad de Chile. El trabajo realizado por el equipo GTMIG dio origen a fotografías aéreas de más de 80 localidades e imágenes satelitales, mosaico de imágenes SAF posterior al terremoto, delimitación de áreas de inundación por tsunami y estimación –valor teórico referencial– del número de personas y viviendas afectadas por el tsunami en diversas localidades de la zona costera entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía.
● Plan de reestructuración de la ONEMI con una nueva organización para prevenir y enfrentar emergencias a través de la creación de un equipo multisectorial compuesto por los subsecretarios de Interior, Defensa, Obras Públicas, Telecomunicaciones, Salud y Energía; el jefe del Estado Mayor Conjunto y el director de la ONEMI. La Secretaría Ejecutiva del grupo está a cargo del Ministerio de Defensa, bajo la dirección del Ministro de Interior. El grupo, además, es asesorado por los ministerios de Educación, Planificación y Relaciones Exteriores, la Subdere, la Defensa Civil, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Asociación de Municipalidades, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, además de consultores externos.
● Gestión activa en Comité de Emergencia Nacional: la gestión que ha desarrollado la ONEMI como parte del comité, se traduce en los siguientes aspectos:
- Recepción de ayuda en los centros de acopio.
- Gestión y organización con las entregas de cajas armadas de parte de los proveedores tradicionales –Rabié y Surti Ventas– y D&S y Cencosud.
- Viviendas de emergencia: realizar las órdenes de compras del comité.
- Retiro de escombro: el 3 de abril, y a modo de prueba, se realizó un contrato con la empresa Arriendo de Maquinarias Independencia Ltda. para el retiro de escombros en la ciudad de Cauquenes, por un monto total de 36 millones 945 mil 216 pesos.
● Con el objeto de fortalecer los sistemas comunicacionales, fueron enviados dos teléfonos satelitales a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
● Se determinó montar un sitio de respaldo en el Ministerio del Interior con características mínimas de navegación, momentáneamente, y que soporta elevados flujos de tráfico y requerimientos en un corto período de tiempo. La solución ha logrado soportar una alta demanda ciudadana.
● El Plan de Invierno de la ONEMI considera la realización de una serie de gestiones preventivas ante la amenaza hidrometeorológica, para poder disminuir la vulnerabilidad entre las regiones de Atacama y Magallanes. Este año se hizo hincapié en las regiones afectadas por el terremoto y tsunami solicitando a los gobiernos regionales la incorporación del detalle de riesgo de las zonas afectadas y, en base a esa información, elaborar los planes de mitigación. Por otra parte, en la campaña asociada al plan se incorporaron medidas de prevención específicas para aquellas personas que se encuentren en viviendas transitorias o de emergencia.
2. Medidas en el ámbito sectorial regular del ministerio
a. Subsecretaría del Interior
Estuvo orientada a la mantención y control del orden público, para garantizar la paz social. En tal sentido, se coordinó con los distintos actores para mejorar los niveles de seguridad de las personas y los bienes públicos y privados. En este sentido, se fortaleció la gestión de los gobernadores. Lo anterior, con el objeto de prevenir los conflictos actuales y potenciales que alteren el orden público y la seguridad de las personas a nivel regional y provincial.
● Gobierno Interior. Esta división, con el fin de avanzar en el camino de la descentralización, ha efectuado un levantamiento de la información de intendencias y gobernaciones a objeto de mejorar la gestión y optimizar el uso del presupuesto.
● División de Administración y Finanzas, DA. Generará un diagnóstico del estado de situación financiera del Ministerio del Interior, a través de la realización de una auditoría en la Secretaría de Administración General, SAG, el Fondo Social y el Programa de Sistema Integrado de Emergencia, SIE.
Además, se continuará con la implementación y cumplimiento de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Se pondrá especial énfasis en el ahorro de gastos de operación y en el cumplimiento de los compromisos establecidos por el Ministerio de Hacienda.
● División de Acción Social. La Subsecretaría del Interior ha dispuesto la creación de una división que reúna al Fondo Social Presidente de la República, el ORASMI y las Pensiones de Gracia.
● Departamento de Extranjería y Migración. Se promulgó la Ley Nº 20.430 que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados y su objetivo principal es establecer una normativa que recoja los compromisos internacionales sobre la materia asumidos por Chile, logrando una normativa más autónoma e integral sobre refugio. Pretende precisar y ampliar conceptos, separar la condición de refugiado del permiso de residencia, establecer garantías y obligaciones para el refugiado, regular procedimientos y recursos y establecer claras causales de denegación o cancelación de la condición de refugiado, entre otros.
b. División de Seguridad Pública, DSP.
En materia de gestión institucional conformó un equipo de profesionales expertos para liderar las áreas de trabajo de esta institución y se realizó el estudio de análisis de competencias de todo el personal de la división, la que tenía una dotación original excesiva de 398 personas.
Se lanzó el Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana, instancia formal de colaboración entre un grupo de destacados académicos y expertos en materias de seguridad ciudadana y el Ministerio del Interior. Las principales medidas adoptadas por la división son:
● Prevención social y situacional. Vida Nueva, fortalecimiento del programa 24 Horas. Se ha consolidado el trabajo con el Servicio Nacional de Menores, Sename, en materia de prevención del delito con población infanto-juvenil, a través del financiamiento de cinco Centros de Intervención Directa en niños y familias en situación de riesgo delictivo, derivados desde el programa 24 Horas de Carabineros de Chile. Este programa es cofinanciado por el Sename y la DSP, y tiene una cobertura actual de 250 niños y jóvenes. La DSP ha transferido 233 millones 749 mil pesos.
● Control y sanción. Controles antidelincuencia selectivos a nivel nacional. En forma coordinada con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, se instauró la práctica de realizar controles antidelincuencia selectivos a nivel nacional, vale decir, de efectuar un mismo procedimiento en el mismo momento a lo largo y ancho de todo Chile. Estos patrullajes y controles de identidad selectivos en busca de prófugos de la justicia han logrado no sólo brindar seguridad a la población y dar un uso eficiente a los recursos policiales en todo el país, sino que han sido especialmente eficaces en los resultados, implicando resultados en materia de detención de prófugos y decomiso de drogas y armas.
● Rehabilitación y reinserción. Mantención de los programas de rehabilitación y reinserción liderados por la administración anterior.
● Atención a víctimas. Respuesta rápida y estándares de servicio. A la fecha se ha agilizado la respuesta desde el Estado hacia las personas que son víctimas de delitos en casos de conmoción pública. Un ejemplo de ello es la actuación contingente y la coordinación intersectorial lograda en el caso del doble homicidio y violación de Placilla. En este lamentable hecho, se tomó contacto en forma oportuna con las familias, víctimas indirectas, ofreciendo atención psicosocial y jurídica a menos de 24 horas de conocerse los hechos.
● Gestión territorial:
- Proyectos comunales en 90 comunas. Se han transferido cinco mil 860 millones de pesos a las 90 comunas que son parte del Plan Comunal de Seguridad Pública, los que financiarán 242 proyectos comunales de prevención de la violencia y el delito.
- Consejos Comunales de Seguridad Pública. Se han constituido y se mantienen funcionando 100 consejos, instancia presidida por el alcalde en que dialogan las instituciones públicas locales con la comunidad.
- Incorporación de diez comunas nuevas al Plan Comunal de Seguridad Pública: Isla de Maipo, El Monte, Lo Barnechea, La Reina, San Javier, Parral, Cañete, Arauco, Curanilahue y Victoria.
- En cada región se han elaborado planes regionales de seguridad.
● Información y tecnologías:
- Seguimiento de la evolución de la delincuencia y violencia:
* Se lanzó la sexta Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es el principal instrumento para medir la delincuencia en Chile, y que arroja la cantidad de hogares que son víctimas de la delincuencia.
* Complementando el análisis de la delincuencia se han realizado encuestas sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y sobre la violencia en el ámbito escolar.
* Además, ya se encuentran disponibles los resultados del estudio sobre la percepción y evaluación que tiene la comunidad respecto del Plan Cuadrante de Carabineros de Chile. Este estudio se realiza por segunda vez y constituye una herramienta fundamental para la construcción de indicadores de desempeño de la policía.
- Análisis avanzado del comportamiento delictivo:
* Se encuentra en etapa de marcha blanca el nuevo Sistema de Análisis Geográfico del Delito, SAGDE, en la Región Metropolitana. Su objetivo es realizar análisis espacial –con los datos de denuncias y aprehendidos de las policías– para identificar los focos delictivos, focalizar y priorizar las intervenciones preventivas y coordinar el despliegue de los servicios policiales. Además, permite estudiar el comportamiento que tienen los distintos tipos de delitos y los factores sociales, demográficos y policiales que influyen en su desplazamiento o evolución.
● Cooperación público-privada:
Se han actualizado y afinado las agendas de trabajo del Comité Público-Privado de la DSP, con el objetivo de profundizar en la colaboración con distintos sectores productivos en materias de seguridad y de aportar de forma significativa con el compromiso del gobierno de reducir radicalmente los niveles de delitos y la sensación de temor frente a la delincuencia en nuestro país. En el comité tienen actualmente una presencia permanente 24 entidades: seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, trece asociaciones gremiales especializadas y cinco entidades públicas.
c. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
● En el ámbito regional, se suscribió un convenio con Chile Calidad que permitirá desarrollar el Sistema de Acreditación en diez gobiernos regionales como herramienta de mejoramiento continuo en la gestión de excelencia de dicha institucionalidad.
● La Subdere se encuentra implementado un sistema de seguimiento de la gestión de inversiones en los gobiernos regionales, denominado Chile Indica. Este sistema permitirá vincular los instrumentos de planificación regional –estrategias regionales de desarrollo y políticas regionales– con los instrumentos de planificación de la inversión –anteproyecto regional de Inversiones, ARI, y el Programa Público de Inversión en la Región, Propir–.
● En materia de inversión regional, se distribuyeron los recursos del cinco por ciento de eficiencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de acuerdo a lo establecido en su reglamento.
● De acuerdo a la metodología establecida en la Ley Nº 20.378 –Transantiago– se distribuyeron los recursos de la cuota 2009,que ascienden a 34 mil 349 millones 891 mil pesos.
● En el marco del Sistema de Acreditación de Servicios Municipales, se continuó con el apoyo a la ejecución de planes de mejora de la gestión municipal y el diseño y prueba de nuevas metodologías para el mejoramiento de la gestión en el contexto del Sistema de Mejoramiento Progresivo de la Gestión Municipal.
● En este período se ha mantenido el plan regular de capacitaciones, gestionando convenios de capacitación con la Asociación Chilena de Municipalidades, realizando procesos de licitación pública para realizar dos diplomados y contratación directa para capacitar sobre la Ley Nº 19.862.
● En el marco del Programa Ventanilla Trámite Municipal se ha continuado con el proceso de capacitación en municipalidades que incorporan la Ventanilla de Trámites Municipales, de manera de promover y facilitar su uso.
● El Sistema de Información Financiera Municipal, programa que dota a los municipios de sistema informático de contabilidad y presupuesto, entrega el sistema instalado en los municipios, con el equipo necesario y la capacitación de los funcionarios.