Gobierno de Chile

1. Subsecretaría del Interior

El gran desafío que enfrenta la Subsecretaría del Interior, de cara a los próximos cuatro años, es la puesta en marcha de una nueva forma de gobernar en regiones. En tal sentido, se ha fijado como meta inmediata visitar cada una de las regiones del país, con el objeto de conocer y resolver los problemas existentes en cada una de ellas. La experiencia ha demostrado que muchas veces no son necesarias grandes reformas legales para entregar mayor poder de decisión a las regiones, sino que es necesaria una verdadera voluntad política para alcanzar los objetivos comunes.

Se trabajará entonces para potenciar el rol de las autoridades regionales en el proceso de toma de decisiones. Se buscará recoger las propuestas, que la misma ciudadanía tenga, para poder implementar soluciones que nazcan a partir de lo que cada autoridad regional nos aporte, todo con el objetivo de apoyar las necesidades de cada zona en particular.

Respecto de las grandes tareas, también recae en la subsecretaría implementar el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esta labor, que si bien abarca todas las divisiones y departamentos, implica en particular que la División Jurídica formalice los actos administrativos necesarios para ello, mediante la dictación de los decretos correspondientes, para establecer los órganos que fijen las funciones y atribuciones del nuevo ministerio y las resoluciones relativas al encasillamiento y designación del personal.

Adicionalmente, la División Jurídica se ha planteado también como desafío unificar los procedimientos en cuanto a la tramitación de los decretos y resoluciones exentas. Todo con el fin de agilizar la gestión administrativa de la subsecretaría.

En otra línea, pero acorde a las metas para el período, la Subsecretaría del Interior, a través de su División de Gobierno Interior, trabajará para eliminar las barreras que impidan una verdadera y eficiente descentralización. En tal sentido, se reorganizarán y rediseñaran las competencias, funciones y atribuciones de los intendentes y gobernadores.

Se mejorará la gestión del Gobierno Interior, a través del sistema de monitoreo. Para ello, se realizarán evaluaciones trimestrales, teniendo como meta al final del periodo el cien por ciento de los intendentes y gobernadores evaluados.

Para fortalecer el rol de las autoridades regionales, se les entregará a intendencias y gobernaciones, asesoría directa e instrumentos de gestión, a través de visitas de supervisión que permitan fortalecer su papel, en calidad de representantes naturales del Presidente de la República.

En materia internacional, se fortalecerán las relaciones con los países vecinos, a través de un plan de diseño y construcción de complejos fronterizos integrados. Lo que permitirá controlar de manera más eficiente el tránsito de personas, bienes y vehículos desde y hacia nuestro país. De esa forma se espera contar, a fines del periodo, con el diseño de cuatro nuevos complejos fronterizos: Visviri, Los Libertadores, Huemules y San Sebastián. En cuanto a la construcción, la meta será tres nuevos complejos: Chungará, Pino Hachado y Los Libertadores.

La modernización del Departamento de Extranjería y Migración, también será un objetivo de la subsecretaría, para lo cual se elaborará un plan de modernización que tienda a mejorar la gestión, lo que finalmente se traducirá, por ejemplo, en calificar de forma expedita la condición de refugiado en Chile.

De manera más amplia, se trabajará para definir una política migratoria moderna, que se traduzca en la implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería.

El Programa Derechos Humanos participará de manera activa, ya sea como parte coadyuvante o querellante, en las investigaciones judiciales y extrajudiciales sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

De igual forma, se otorgará atención social a los familiares beneficiarios de las leyes Nº 19.123 y Nº 19.980 y, en tal sentido, se responderá a los requerimientos establecidos en las leyes de reparación.

Para impulsar y difundir obras y acciones de orden cultural y educativo, tendientes a dignificar a las víctimas y fomentar una cultura de respeto por los derechos humanos, se otorgará apoyo económico a proyectos de obras y acciones de reparación simbólica, como son los memoriales. Además, se realizarán gestiones para la búsqueda de financiamiento complementario para éstas.

La subsecretaría avanzará en una política que contribuya a crear conciencia en torno a temas trascendentales para nuestra sociedad actual, como son la discriminación e igualdad de trato. Se reforzarán y coordinarán las políticas públicas que digan relación con la igualdad de oportunidades para los inmigrantes y la prevención de acciones discriminatorias.

Por otra parte, la División de Administración y Finanzas trabajará para modernizar los procedimientos internos del Ministerio del Interior, implementando un proyecto de digitalización de documentos en la totalidad de la subsecretaría, lo que permitirá agilizar los mismos. El objetivo será contar con la firma digital en todas las unidades.

El control y disminución de los gastos, también será una meta para esta subsecretaría que utilizará diferentes medidas para concretar el objetivo final. De esta forma, se realizará una clasificación de los gastos por área de responsabilidad, se analizará el comportamiento histórico de los mismos, se elaborará una propuesta y se implementará el control de gastos.

En regiones, se trabajará por conseguir la descentralización presupuestaria y de dotación de personal del servicio de Gobierno Interior. En tal sentido, se implementarán centros de costo en intendencias y gobernaciones. Lo que incluirá personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos, transferencias, etcétera.

Los desafíos en el área informática tendrán que ver, entre otras cosas, con modernizar la red del Ministerio del Interior a nivel nacional. Para ello, se renovarán las estaciones de trabajo, se normalizará el cableado estructurado de las intendencias y gobernaciones y se implementarán las capacidades de soporte técnico en regiones.

Para hacer más eficiente la gestión, se elaborará un proyecto de coordinación y estandarización de sistemas informáticos, tendiente a conseguir la integración de los sistemas computacionales del Ministerio del Interior. La meta al final del gobierno será la renovación del cien por ciento del equipamiento y cableado estructurado.

En el ámbito comunicacional, existe el desafío de integrar de manera eficiente los recursos regionales. De este modo se podrá comunicar de manera correcta las políticas públicas impulsadas por el gobierno central. Se debe aprovechar el enorme recurso humano con que ya cuenta el Gobierno en regiones.

La División Social de la Subsecretaría del Interior, con el objeto de hacer más eficiente la entrega de recursos, aumentará los criterios de objetividad en la asignación de los mismos y como medida, diseñará y aplicará políticas de rentabilidad al área social.

Con el fin de incrementar la cobertura del programa ORASMI y del Fondo Social, se aumentará en un cinco por ciento anual el presupuesto. Adicionalmente, se auditarán los procesos de ambos programas, con el propósito de evaluar el control interno, el cumplimiento de los objetivos del proceso y la adecuada utilización de los recursos públicos.

2. División de Seguridad Pública

a. Prevención social y situacional.

En el ámbito de la prevención, al año 2014 se espera contar con un sistema de atención integral validado para niños, niñas y adolescentes que cometen delitos y que ingresan al Programa de Seguridad Integral 24 Horas. Para esto, se evaluará el impacto del trabajo realizado en las ocho comunas con mayor concentración de casos, se estandarizarán instrumentos internacionales para medir factores de riesgo relacionados con la comisión de delitos y se instalarán modelos de gestión a que aborden técnicamente el fenómeno de la delincuencia juvenil a nivel comunal y barrial.

La iniciativa contempla su ejecución por tres años 2010-2013, un presupuesto de dos mil 385 millones 776 mil pesos para 2010, con una cobertura de 800 niños y jóvenes. A 2014 se espera cubrir, a través de la intervención integral y especializada, los 100 barrios de Chile más afectados por la violencia, el delito y el temor identificados en el Plan Barrio en Paz. Dicho plan está en fase de diseño y se están evaluando las experiencias pasadas para rescatar los aprendizajes desarrollados en la implementación.

b. Control y sanción.

Se identificarán y analizarán los ámbitos del sistema de control en los cuales existen problemas de implementación, tales como el control de las medidas cautelares –hoy en la práctica inexistente– y de las medidas alternativas a la reclusión –sistema que se encuentra colapsado–, y se impulsarán y diseñarán soluciones.

c. Rehabilitación y reinserción.

En 2014 se espera contar con un sistema de intervención validado para población penitenciaria y post penitenciaria, el cual se constituirá como la piedra angular del tratamiento de las personas que cumplen condenas en centros penitenciarios.

En cuanto al traspaso de las funciones de imposición de sanciones y rehabilitación de condenados menores de 18 años desde el Sename al Ministerio del Interior, y de las funciones de rehabilitación en población penitenciaria desde Gendarmería al Ministerio del Interior, se trabajará en conjunto con el Ministerio de Justicia.

Preliminarmente es posible plantear que, dados los escasos recursos destinados a estas materias en la actualidad, implementar el diseño institucional por el cual se opte implicará un mayor gasto.

d. Atención a víctimas

Durante la gestión de este gobierno, se articulará una política nacional en materia de atención y reparación a víctimas, que permita dar una respuesta eficiente y eficaz a las necesidades de las personas victimizadas por delitos violentos.

Esta red de servicios estará compuesta por las distintas instituciones competentes en el ámbito de la protección y la atención a las víctimas, tales como Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Sernam, PDI y Carabineros de Chile.

e. Gestión territorial.

El objetivo de largo plazo es lograr que en todo Chile exista un despliegue masivo de programas y acciones oportunas y de calidad, cuyo contenido esté alineado con los problemas delictivos locales que aquejan a los barrios y comunas y que cuyas metodologías no sean sólo prometedoras, sino probadamente efectivas en la reducción del delito. Para dicho objetivo, la futura institucionalidad del Ministerio del Interior deberá diseñar estrategias de transferencia técnica intersectorial y hacia los gobiernos locales.

f. Información y tecnologías.

Se espera crear el primer Centro Nacional de Información y Análisis Delictual, que agrupe a los organismos que interactúan en la materia, usando y compartiendo información y herramientas para lograr reducir el delito y acorralar a los delincuentes. Por ejemplo el 50 por ciento de los robos se explica por dos mil 900 delincuentes que han sido condenados más de cuatro veces.

Con esto, se aspira a ser un referente en cuanto a información, conocimientos, innovación, tecnología y mejoras prácticas respecto de la reducción de la delincuencia.

g. Cooperación público-privada.

Se desarrollarán nuevas iniciativas con cada rama de la Confederación de la Producción y del Comercio, de carácter emblemático e impacto en la ciudadanía, definiendo plazos de ejecución, evaluación semestral y responsables.

3. Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes

Conace se compromete a reforzar las tareas de prevención, tratamiento y rehabilitación, junto con el control de oferta de sustancias ilícitas. Para ello es fundamental reformular la actual política nacional de drogas, en base a dos ejes que serán la carta de navegación de la actual administración del consejo: desarrollar un programa de evaluación de impacto de los actuales programas desarrollados e incorporar crecientemente la evidencia en la toma de decisiones.

Con ello, se podrá contar con información necesaria que permita focalizar los programas, fortalecer aquellos que estén obteniendo buenos resultados y reformular aquellos que no estén teniendo el impacto esperado. Junto a ello, la evaluación y reformulación de la política nacional de drogas pondrá especial énfasis en la calidad de los programas existentes y futuros.

En el ámbito de prevención escolar, se implementará el programa Vida Sana, el cual buscará incorporar la prevención del consumo de drogas y alcohol, el manejo de factores de riesgo y la promoción de hábitos de vida saludable en la malla curricular de los establecimientos educacionales, de manera de poder alcanzar una cobertura de un cien por ciento de alumnos que aplican efectivamente el programa en el país, asegurando la llegada efectiva a este importante grupo de la población. Para ello, es necesario considerar que la evidencia disponible señala que aquellos estudiantes que han participado en la totalidad del programa disponible presentan menores prevalencias de consumo y mayor riesgo al consumo, en comparación con aquellos alumnos que no han participado.

En cuanto a la prevención territorial se fortalecerá la capacidad de detección temprana de consumo a través de intervenciones focalizadas en población vulnerable, donde junto al programa Barrios en Paz se espera poder abordar e intervenir los cien barrios más vulnerables del país.

En tratamiento, se realizará una evaluación de impacto de los tribunales de tratamiento de drogas en funcionamiento, con el fin de estudiar su implementación en los diez centros privativos de libertad que reclutan los mayores porcentajes de consumidores de drogas. Junto a ello, se aplicará un sistema de programas concesionados de tratamiento en las cárceles públicas del país, con el objetivo de disminuir la reincidencia y los delitos asociados a drogas, esperando contar al final del gobierno con una cobertura total de 20 recintos penitenciarios, uno por región del país y dos o más en regiones con mayor cantidad de recintos.

Se aumentará la oferta y cobertura de tratamiento y rehabilitación de drogas, donde se estudiará la posibilidad de obtener aporte desde el AUGE, ya no sólo para adolescentes, sino que se incorpore la posibilidad de acceso a tratamiento a la población general.

Se fortalecerá también, la intervención temprana otorgada actualmente por equipos de atención primaria en salud, capacitando a equipos de salud mental primaria en intervención temprana y entrevista motivacional, esperando con ello aumentar la adherencia a los tratamientos. Paralelamente, se evaluarán alternativas disponibles de instrumentos diagnósticos que incorporen programas de intervención leve, dirigido a personas que se inician en el consumo.

Junto a ello, para mejorar la calidad de la oferta de tratamiento, se evaluará la eficacia y calidad de la respuesta terapéutica que otorgan las instituciones prestadoras, fomentando la obtención de resultados a través de una subvención orientada a programas eficaces de rehabilitación.

En el plano de recursos humanos de Conace se ha propuesto como un objetivo fundamental el transferir conocimiento y habilitar competencias a los equipos regionales y comunales en situaciones de emergencias, para anticipar y evitar un aumento del consumo de alcohol y drogas en la población afectada. Para ello se realizará apoyo en salud mental con el objetivo de disminuir los efectos traumáticos en términos personales, además de capacitar a estos equipos en intervención en crisis y manejo de efectos de estrés postraumático en la comunidad. Se espera, contar durante este año con un cien por ciento de profesionales capacitados en estos aspectos, en las regiones más afectadas por el terremoto.

4. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Para poder avanzar hacia un país descentralizado se requiere de gobiernos regionales y comunales más autónomos y dotados de recursos suficientes. Es indispensable una visión sistémica de la reforma del Estado, tanto de su institucionalidad como de su gestión, que supere la actual perspectiva sectorial y por servicios.

a. En el ámbito regional.

La descentralización es un proceso continuo que debe abarcar diversos aspectos.

● Un porcentaje mayoritario de la inversión pública será de decisión regional. Las políticas para alcanzar apuntarán a terminar con la discrecionalidad del gobierno central en la distribución de recursos de inversión a regiones.

● Los gobiernos regionales y comunales contarán con mayores recursos económicos, pero también tendrán más autonomía para decidir qué hacer con los recursos. El objetivo es que un porcentaje mayoritario de la inversión pública sea de decisión regional. Para cumplir con dicha meta, se terminará con la discrecionalidad del Gobierno Central en la distribución de recursos de inversión a regiones. Así, el cien por ciento de los recursos del FNDR serán entregados a regiones en la Ley de Presupuestos por medio de parámetros objetivos y verificables.

● Se avanzará en el reordenamiento y traspaso de competencias, funciones y atribuciones. Para ello, se determinarán las competencias que deben mantenerse a nivel central y aquellas que serán traspasadas a los gobiernos regionales y comunales Este traspaso será reglado y gradual, evitando la duplicidad y superposición de funciones entre los distintos niveles del Estado. Ciertamente este proceso deberá ir acompañado de recursos y de capital humano capacitado.

● Se harán operativas las áreas metropolitanas estableciendo instancias de coordinación de la gestión pública y privada en materias tales como política ambiental, uso de suelo y crecimiento urbano, transporte y tráfico, seguridad y equipamiento social del área respectiva. En la administración de un área metropolitana participarán tanto el intendente como los municipios correspondientes. Asimismo, se procurará asegurar la participación de los gobiernos regionales y comunales en cada proyecto financiado con fondos sectoriales o multisectoriales que desarrolle en sus respectivos territorios.

● Se generarán incentivos para atraer, retener y desarrollar el capital humano calificado en las regiones, sean profesionales o técnicos.

● Se implementará un Sistema de Alta Dirección Pública a nivel regional y comunal, que facilitará la selección de personal de excelencia en los gobiernos regionales y comunales.

● Los gobiernos regionales deberán contar con adecuados sistemas de seguimiento y evaluación del proceso de inversiones y de la gestión financiera, con base en indicadores objetivos que permitan detectar logros y dificultades en su implementación y evaluar los resultados alcanzados.

● En el ámbito de la descentralización política, se presentará una reforma legal para implementar la elección directa de los Consejeros Regionales, tal como se aprobó recientemente por el Congreso Nacional. Dicha reforma considerará un sistema electoral que dé garantías de democracia y gobernabilidad para un adecuado funcionamiento del rol que el Consejo tiene en cada región.

● Se evaluará el rol del gobernador en las provincias. Muchas de sus funciones específicas se duplican con las del intendente. Una estructura pública más flexible permitiría hacer un mejor uso de los equipos humanos y administrativos a la luz de las prioridades de desarrollo de la región.

b. En el ámbito municipal.

Los municipios representan actualmente menos del diez por ciento del gasto del gobierno general. Desde un punto de vista de las atribuciones y autonomía en la gestión que desarrollan, la situación también es débil. Por este motivo, las municipalidades enfrentan una serie de dificultades para cumplir con eficiencia sus deberes y funciones. La estructura organizacional y las plantas de personal se encuentran fijadas por ley, estas últimas desde el año 1994, no obstante que la Constitución les entrega autonomía para crear o suprimir empleos, fijar remuneraciones y establecer órganos y unidades municipales.

Para solucionar definitivamente esta situación, se efectuará una verdadera Reforma Municipal, que permita dotar a los municipios del personal y los recursos necesarios para desarrollar las funciones que les son propias y aquellas competencias que en el futuro se les traspasen, con un adecuado nivel de calidad y en el marco de los conceptos de probidad, transparencia y participación ciudadana.

Se avanzará en los siguientes compromisos con el mundo local:

● Se desarrollará y perfeccionará un modelo de traspaso de nuevas competencias en el ámbito de su territorio. Para ello se distinguirá entre municipios rurales, urbanos que administren sólo una ciudad y municipios urbanos pertenecientes a áreas metropolitanas. Según estos factores se otorgarán más o menos atribuciones en gestión de ciudad como, por ejemplo, tránsito, planificación urbana, inversión pública, entre otras.

● Se traspasarán directamente los fondos sectoriales a los municipios, con reglas de inversión general y de acuerdo a lineamientos que fije el gobierno central. Este traspaso de recursos irá acompañado de un mecanismo de rendición de cuentas desde los municipios al nivel central y a la ciudadanía. Así los resultados de la aplicación de los programas sociales serán evaluados tanto por el nivel central como por el local.

● Se ajustará la legislación vigente en orden a que los municipios puedan efectivamente hacer uso del mandato que les entrega la Constitución en esta materia. Se creará para el sector un sistema similar al de la Alta Dirección Pública, que atienda las necesidades de selección de personal por mérito en los gobiernos locales.

● En forma gradual, se terminará con la práctica del gobierno central de no compensar y no entregar los recursos correspondientes a los gobiernos locales cuando éstos dejan de percibir el impuesto territorial, derechos de aseo o cuando se les delegan nuevas responsabilidades. Igualmente, y en forma gradual, el Estado pagará impuesto territorial por todos sus bienes raíces.

● Con respecto al Fondo Común Municipal, se aumentará el aporte fiscal directo del Estado. Además, será rediseñado, pues es necesario que la distribución de los recursos se realice con un criterio objetivo de acuerdo a la vulnerabilidad de las comunas y que se generen incentivos para que los municipios fortalezcan sus fuentes de financiamiento propias.

● Se establecerá un procedimiento para transferir directamente a los municipios los recursos del FNDR, que hoy se destinan a obras de impacto local, así como también los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, PMU.

● Se implementará un conjunto de reformas que incluyen solicitar a la Contraloría General de la República la realización de un seguimiento por un período determinado a las observaciones que realiza. Se establecerán grados intermedios de responsabilidad para los alcaldes. Hoy la única sanción que contempla la legislación es la remoción por contravención grave a las normas de probidad administrativa o por notable abandono de deberes. Corresponderá a la Contraloría la realización de los sumarios respectivos, facultándola para aplicar multas u otras sanciones.

● Se fortalecerá los mecanismos de control preventivo interno, estableciendo que todas las municipalidades tengan unidades de control. Además, se ampliarán las funciones de su director, obligándolo a informar a la Contraloría de los actos que represente al alcalde por estimarlos ilegales.

● Las municipalidades deberán rendir cuenta de todos los programas que realicen, estableciendo normas comunes a nivel nacional, de modo que pueda compararse la información y gestión de cada municipio.

● Para perfeccionar el recurso humano regional y municipal se establecerá un sistema permanente de formación y capacitación, a través de una academia a la cual podrán acceder los alcaldes, concejales, consejeros regionales y funcionarios regionales y municipales. Esto a través de la licitación de programas de estudios a los institutos de educación superior o universidades que les entreguen los conocimientos teóricos y prácticos para mejorar su gestión.

● Se establecerá un sistema de acreditación de la calidad de los servicios municipales, que permita comparar la calidad de servicio que municipios de una misma categoría prestan.

● Se realizarán modificaciones legales que exijan efectuar una cantidad mínima de audiencias públicas al año. Se fomentará el uso más frecuente de fórmulas de democracia directa: plebiscitos y consultas no vinculantes, simplificando sus requisitos y procedimientos.