Gobierno de Chile

Principales medidas

1. Medidas en el ámbito de la emergencia y la reconstrucción nacional

En Chile existen aproximadamente 753 mil empresas de menor tamaño, de las cuales 202 mil están localizadas en las regiones más afectadas por el terremoto y 121 mil en las 54 comunas que más daño sufrieron por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero pasado. Estas últimas generan 840 mil empleos. Muchas de estas empresas han sufrido daño en sus instalaciones y han visto mermado su capital de trabajo.

Para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción de la capacidad productiva en las zonas afectadas por el terremoto, el Gobierno de Chile adoptó las siguientes medidas:

a. Se crea un subsidio para la reconstrucción a través de Sercotec –40 millones de dólares– destinado a apoyar a las microempresas que puedan certificar haber sufrido daños a consecuencia del terremoto.

El objetivo del programa es financiar inversiones de las microempresas que hayan sufrido daño en su infraestructura productiva. Las empresas que pueden optar a este subsidio son aquellas cuyas ventas no superen las dos mil 400 Unidades de Fomento y que reconstruyan su negocio en su emplazamiento original, recuperando su infraestructura, reponiendo activos fijos, maquinarias y equipos.

Asimismo, el programa operará bajo modalidad de co-financiamiento, es decir que el subsidio entregado por Sercotec debe ser complementado con recursos aportados por el microempresario ya sea como capital propio o deuda. Las localidades beneficiadas por el programa serán definidas por cada intendente regional y se estima que el programa beneficiará a cinco mil microempresarios.

b. Se crea un Fondo de Cobertura para la Reconstrucción, en Corfo –120 millones de dólares–.

El Fondo permitirá garantizar créditos a Mipymes de las regiones más afectadas –Biobío, Maule, O´Higgins, La Araucanía, Valparaíso y Región Metropolitana–, con ventas hasta 100 mil Unidades de Fomento que certifiquen haber sufrido daños a consecuencia del terremoto, maremoto o saqueos posteriores. El fondo garantizará los créditos otorgados por instituciones financieras bancarias y no bancarias a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, las instituciones financieras deberán constatar los daños directos o indirectos productos de los efectos del terremoto y ausencia de seguros comprometidos.

En el diseño de este programa se buscó entregar a las Mipymes una solución integral de financiamiento para que pueda financiar la reposición o reparación de activo fijo, capital de trabajo y reprogramar deudas cuyo pago se vio afectado por las consecuencias del terremoto. Además, considera acceso a créditos en condiciones convenientes y de fácil tramitación, con doce meses de gracia, a un plazo de al menos tres años, en cuotas fijas con pagos adaptados al ciclo del negocio –mensuales/semanales/anuales–. El fondo otorgará una garantías entre 50 por ciento y 80 por ciento dependiendo del tamaño de la empresa y el plazo de la operación.

El programa busca fomentar que las empresas coticen con distintas instituciones financieras. Para ello, se exigirá que una vez aprobada la operación por la institución financiera, ella emita una carta oferta en firme cuya duración deberá ser de al menos siete días hábiles. Esto permitirá que la Mipyme cotice más opciones y pueda lograr las mejores condiciones de crédito. Se publicará además información periódica de la evolución de las colocaciones y sus condiciones de plazo, tasa, etcétera, con el propósito de fomentar la competencia entre las instituciones financieras.

Corfo acompañará muy de cerca a las Mipymes en el proceso de postulación para que puedan lograr las mejores condiciones de crédito, con una campaña informativa y de soporte que les permita conocer los beneficios y requisitos de postulación al programa, las opciones disponibles y que sus derechos para con las instituciones financieras se cumplan.

Se estima que el programa beneficiará a quince mil empresarios Mipymes y el monto del fondo permitiría garantizar hasta mil millones de dólares.

c. Corfo aportará 20 millones de dólares a las Sociedades de Garantías Recíprocas, SGR, para que ellas puedan garantizar un mayor número de operaciones.

Las SGR permiten contar con otra fuente de garantías a las que pueden acceder las empresas, permitiendo dividir y movilizar eficientemente las garantías entre los distintos intermediarios financieros. Esta mayor movilidad de las garantías intensifica la competencia entre instituciones financieras.

Por otra parte, las instituciones financieras tienen la ventaja de respaldarse con garantías de mayor liquidez y menores costos de ejecución que las tradicionales prendas e hipotecas con las que operan normalmente.

La marcada y sostenida tendencia en el aumento de la velocidad de colocación de operaciones y la pronta puesta en marcha de nuevos fondos, demuestran que este sistema de garantías logró ponerse en marcha y es un sector que puede jugar un rol importante en el financiamiento de la reconstrucción del sector Mipyme. Se estima que el programa beneficiará mil Mipymes.

d. En el ámbito de la pesca artesanal.

Se implementó el programa Volvamos a la Mar, que contempla un subsidio especial para todos aquellos pescadores registrados, con actividad en los últimos doce meses cuyas embarcaciones, motores y artes de pesca hayan resultado parcial o totalmente dañados por el terremoto. Este subsidio cubre el 75 por ciento del costo de reposición de las embarcaciones, motores y aparejos de pesca, con un tope de 2,1 millones de pesos por pescador. El esquema de financiamiento incluye un 25 por ciento de subsidio público, 50 por ciento de donaciones privadas y el 25 por ciento restante mediante préstamos de bancos y otros intermediarios financieros.

El subsidio con fondos públicos lo otorga directamente el Ejecutivo a través del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, FFPA. El aporte privado está focalizado en el financiamiento de hasta el 50 por ciento del costo de embarcaciones y motores para los pescadores afectados en las regiones del Maule y Biobío.

El préstamo se garantiza utilizando diez millones de dólares del Fondo de Cobertura para la Reconstrucción creado por Corfo, que se reservan de manera exclusiva para garantizar los créditos al sector pesquero artesanal, lo que permitirá que los préstamos a los pescadores afectados por el terremoto y maremoto se tramiten de manera expedita y condiciones más ventajosas.

De esta forma se subsidia hasta el 75 por ciento del costo de reposición de embarcaciones de hasta doce metros de eslora y con actividad en los últimos doce meses, en las caletas más afectadas. El proceso para postular a este beneficio ya comenzó a operar.

El programa beneficiará a mil 100 armadores que resultaron con sus embarcaciones dañadas y que se ubican entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. En promedio, cada embarcación otorga trabajo a cuatro personas, por tanto más de cinco familias se verán beneficiadas de manera directa e indirecta por el programa.

Otro componente del programa está focalizado en actividades de menor escala para ayudar a los recolectores de orilla, algueros y buzos mariscadores que estén inscritos en el Registro de Pesca Artesanal. Dicho plan será implementado por Fosis y consiste en el otorgamiento de un subsidio directo para la adquisición de implementos y artículos necesarios para el desarrollo de sus actividades productivas, subsidio que el beneficiario podrá complementar con recursos propios o créditos. El programa contempla 700 millones de pesos y beneficiará de manera directa a tres mil 500 familias de las regiones del Maule y Biobío.

Finalmente, se aprobó una indicación legislativa al proyecto de ley en trámite, que rebaja en un 75 por ciento el pago de las patentes impagas de las áreas de manejo que tienen las organizaciones de pescadores artesanales en todo Chile y, en particular, entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. La condonación alcanza al cien por ciento y, además, se exime del pago de las patentes hasta el año 2012 para todas las áreas en las regiones afectadas por el terremoto.

2. Medidas en el ámbito regular del ministerio

a. Se promulgó la Ley N° 20.434, Ley de Pesca y Acuicultura, que mejora el ordenamiento territorial de la salmonicultura y adopta medidas sanitarias más estrictas a lo largo de todo el proceso productivo. Entre otros aspectos, la ley instaura una nueva forma de agrupación de concesiones que será coordinada desde la Subsecretaría de Pesca, estableciendo medidas sanitarias más estrictas, tales como los períodos de descanso y de siembra. Por último, fortalece la prevención y fiscalización por parte del Servicio Nacional de Pesca.

b. Se procedió a la modificación al reglamento Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos –D.S. N° 355 de 1995 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo–, que tuvo como objetivos:

● Innovación en las exigencias a la evaluación directa de las especies principales.

● Otorgar la posibilidad de disminución de la frecuencia de seguimiento, bienales.

● La incorporación explícita de acciones de manejo complementarias.

● La posibilidad de asesorías por parte de instituciones ejecutoras unipersonales.

● La regulación de otras actividades pesqueras y no pesqueras.

● El diseño de procedimientos y requisitos para el desarrollo de actividades de captación larval –colectores– y repoblamiento.

c. Se dictaron los reglamentos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 20.416 que fija normas especiales sobre empresas de menor tamaño, más conocido como Estatuto Pyme. Estos son:

● Reglamento para el funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de la Empresa de Menor Tamaño que permitirá que el consejo, que es una instancia público-privada, comience a funcionar y a asesorar al Ministro de Economía quien lo preside.

● Reglamento para la dictación de normas de carácter general que tengan impacto en las empresas de menor tamaño. La ley ordena que todos los servicios públicos que dicten normas de carácter general evacuen un informe simple del impacto social y económico que dicha regulación significa para las empresas de menor tamaño.

● Reglamento para el cierre o reorganización de micro o pequeñas empresas en crisis. El efecto más importante de este reglamento es que el empresario micro o pequeño que lo necesite podrá requerir un certificado al asesor que le paralice hasta por 90 días todos los juicios ejecutivos por cobros de deudas, para que dentro de este periodo pueda arribar con sus acreedores a acuerdos de cierre o reorganización de la unidad productiva.