Gobierno de Chile

1. Programación macro del Ministerio de Hacienda

La programación apunta a temas de inversión, modernización de recursos humanos del Estado, productividad, empleo y mercado de capitales. Muchos de estos temas son transversales a otros ministerios, por lo que el trabajo de éstos requerirá de la coordinación y trabajo conjunto entre las diferentes secretarias de Estado. Para esto se ha propuesto el siguiente paquete de medidas.

a. Competitividad y empleo.

El Ministerio de Hacienda apoyará al Ministerio del Trabajo en diversas iniciativas referentes a mejorar la institucionalidad de los servicios públicos dependientes del Ministerio del Trabajo que se relacionan con los sectores productivos del país. Las áreas de trabajo estarán enfocadas en:

● Revisión de funciones del Sence y Fomento de Capacitación de Calidad.

El fomento del capital humano debe ser el mecanismo para aumentar la productividad del trabajo. Durante el año 2009, 145 millones de dólares fueron destinados por parte del Estado a los programas de capacitación. A la fecha no existen evaluaciones de la efectividad de los programas de capacitación. Además, preocupa la falta de información que maneja Sence, lo mismo que las múltiples tareas que esta institución realiza.

Del mismo modo, dada la importancia de la capacitación en el contexto del Programa Chile Solidario y de la iniciativa de Ingreso Ético Familiar, se considera prioritario la revisión del sistema y la forma en que este se integra al modelo de protección social. Es fundamental evitar la duplicidad de tareas y la incorporación de incentivos. Y aparece como injustificable el no contar con un sistema de seguimiento de los beneficiarios, particularmente dados los montos en juego.

El nuevo Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales es un avance importante en la dirección adecuada, pero aún no esta en funcionamiento. El sistema de capacitación nacional no es un sistema integrado, no permite la acumulación sistemática de capital humano y requiere una reformulación.

● Modernización de la Dirección del Trabajo.

Hoy día el cúmulo de la presencia estatal en las relaciones laborales se concentra, sin contrapeso, en la Dirección del Trabajo. Se debe tener presente que la lentitud de los juicios del trabajo, la escasez de tribunales laborales especializados y un procedimiento ritualista y caro convirtieron a la Dirección del Trabajo en el único instrumento capaz de responder de manera rápida y flexible a los requerimientos del Estado. El contenido del trabajo estará en:

- Modernizar y potenciar el rol de la Dirección del Trabajo, de forma tal que pueda contar con el grado de especialización, el personal capacitado y los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos que le imponen las relaciones laborales modernas.

- Institucionalizar la tendencia que ha estado desarrollando en la práctica la propia Dirección del Trabajo, establecer en la ley que se focalice en la fiscalización de los derechos individuales y colectivos del trabajo y crear un nuevo órgano técnico autónomo abocado específicamente a la tutela de los derechos colectivos y sindicales –la Dirección de Relaciones Laborales–.

- Bajo esta nueva institucionalidad, la Dirección del Trabajo estará encargada de la fiscalización de la aplicación de la legislación individual del trabajo, el cumplimiento de contratos, remuneraciones, jornadas de trabajo, horas extraordinarias, descansos diarios, descansos semanales, vacaciones, higiene y seguridad en el trabajo, protección de la maternidad y trabajo de menores. Del mismo modo, fiscalizará y sancionará las prácticas antisindicales.

- La Dirección de Relaciones Laborales estará encargada de la fiscalización de la aplicación de la legislación colectiva de trabajo, sindicatos, negociación colectiva y mediación. Este servicio tendrá la particularidad de estar integrado por un órgano independiente en su seno y deberá hacer frente de manera eficiente, pero a la vez de manera equitativa, técnica, imparcial y con pleno respeto a las garantías del debido proceso, a los abusos que se cometan en materia de simulación del concepto de empresa.

● Se estudiará en el futuro el impulso a una fórmula que establezca un mecanismo transitorio de depreciación acelerada que de un impulso a la inversión en activo fijo.

b. Mercado de Capitales.

● Se requiere avanzar en forma enérgica en la mejora del gobierno corporativo de las empresas públicas o de aquellas donde el Estado tiene participación mayoritaria. Es necesario crear un sistema que garantice una administración de excelencia de estas empresas, con la necesaria autonomía del gobierno central, pero que al mismo tema genere los correctos canales para que sigan cumpliendo con su rol social y se mantenga un correcto control presupuestario de las mismas.

● Es clave seguir trabajando en materia de información comercial y el correcto uso de dicha información, garantizando que sea la persona el dueño de su información y pueda tener acceso a ella en forma libre. Al mismo tiempo, es necesario mejorar la información crediticia agregada de la economía, de manera de reducir posibles situaciones de sobre endeudamiento. Un sistema de mejor información se traducirá, al mismo tiempo, en más acceso al crédito, a menores tasas de interés.

● Se colaborará con el Ministerio del Trabajo en el perfeccionamiento del sistema de multifondos que actualmente rige para el sistema previsional, procurando la estabilidad y retorno de los ahorros de los trabajadores.

En definitiva, en materia de mercado de capitales existe una oportunidad de pensar en una reforma ambiciosa con efectos sobre la productividad de nuestra economía, a través de una serie de cambios que vayan desde aspectos de mejora institucional a tributarios, buscando una mejor asignación del capital. En este sentido, la exportación de servicios financieros y el sistema de garantías serán un foco importante de esta reforma. La reforma de mercado de capitales del Bicentenario estará basada en siete pilares:

● Mejoras institucionales.

● Tributación.

● Protección al consumidor.

● Mejora al acceso de información y transparencia.

● Incremento del control de riesgos y solvencia del sistema.

● Poner el mercado de capitales al servicio de la clase media y la pequeña empresa.

● Creación de nuevos productos abriendo nuevas oportunidades de financiamiento.

c. Reforma del Estado.

Una reforma al Estado requiere de la participación de muchos ministerios y servicios públicos, los que deben diseñar de manera conjunta los cambios necesarios, siendo las siguientes las principales modificaciones –que requerirán la coordinación con los ministerios Secretaría General de la Presidencia e Interior, según corresponda– impulsadas por el Ministerio de Hacienda.

● Inversión en levantamiento de información pertinente: realizar encuestas, recolección de datos y evaluaciones, de tal manera que esta información facilite consensos y reduzca diferencias de percepción de la realidad.

● Adaptar la reforma del Estado a los ámbitos municipal y regional. Extender el Sistema Nacional de Información Municipal a indicadores de la calidad de la gestión subnacional, que afecten transferencias y autorizaciones de inversión.

● Separación de funciones de formulación y ejecución de políticas o agencialización. Esto considera:

- Evaluar reformas a leyes orgánicas de los servicios y ministerios, adaptando caso a caso.

- Separación de funciones en empresas públicas, con el fin de identificar objetivos distintos de maximización de valor, separar ejecución, financiarlos con transferencias presupuestarios con control de gestión separado del directorio.

- Formalizar los servicios públicos informales, que operan vía programas en los presupuestos de las subsecretarías y cuyo personal está a honorarios no asimilados a grado.

● Perfeccionar y extender el sistema de Alta Dirección Pública.

● Perfeccionamiento de proyecto de ley de gobiernos corporativos del Sistema de Empresas Públicas.

● Definir una política de retiro de utilidades y reinversión de empresas públicas.

● Rediseño de la relación con las asociaciones de funcionarios en su conjunto, por sus impactos fiscal y macroeconómico.

2. Programación servicios relacionados

a. Dirección de Presupuestos.

El período 2010-2014 estará marcado por el desafío de implementar en paralelo el Programa de Gobierno y el Plan de Reconstrucción, para lo cual la Dirección de Presupuestos deberá estimar la disponibilidad de recursos, determinar los marcos de gasto, analizar las alternativas de financiamiento y colaborar como contraparte en el diseño de las iniciativas del Programa de Gobierno, tanto para velar por un uso eficiente de los recursos públicos involucrados, como para velar por la sustentabilidad de los beneficios que se comprometan para la ciudadanía. Para ello:

● A partir de 2011 se implementará una política fiscal de balance estructural de segunda generación, en base a las recomendaciones del comité de expertos constituido para tales fines. Esta política construirá sobre lo ya existente, avanzando en materia de transparencia, sustentabilidad y predictibilidad de la política fiscal. En el marco de esta política, se convergerá hacia 2014 a un balance estructural equivalente a cero por ciento del PIB.

● Se perfeccionará el Sistema de Evaluación y Control de Gestión para seguir avanzando en el diseño e implementación de un presupuesto por resultados. Para ello, se revisará la contribución que los distintos instrumentos de control de gestión realizan para asegurar la calidad del gasto público, revisando en particular su articulación y sinergia con otras iniciativas asociadas al monitoreo y seguimiento del Programa de Gobierno. En este sentido, será clave fortalecer el Sistema Nacional de Inversiones, lo que será abordado en el marco de la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social y de la creación de una Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas. Además, se pondrá especial énfasis en perfeccionar el diseño de los nuevos programas públicos en su etapa de formulación, de modo de contribuir a una eficaz implementación y asegurar su futura evaluación.

● En materias específicas de perfeccionamiento institucional, se apoyará al Ministerio de Obras Públicas en la implementación de la nueva ley y reglamento de Concesiones, de modo que esta herramienta de desarrollo y de inversión sea útil a los objetivos de la reconstrucción, constituya una alternativa financiera y presupuestaria eficiente y represente una creciente oportunidad de colaboración del sector privado con el desarrollo de las políticas públicas. También se trabajará con Codelco en la implementación de su nueva Ley de Gobierno Corporativo en cuanto a concordar y programar el apoyo que la empresa entregue al Fisco mediante traspasos, así como el financiamiento que requiere la empresa para sus inversiones. Además, se trabajará con el Ministerio de Educación en la implementación de la nueva institucionalidad sectorial, orientada a aumentar la calidad de la educación.

● Se realizarán análisis prospectivos de los sectores con alto impacto fiscal, como por ejemplo salud, educación y previsión, para evaluar la sustentabilidad del gasto e identificar las reformas necesarias de mediano plazo. En el ámbito laboral, en tanto, se perfeccionarán los incentivos para la entrada de personal calificado, para su desempeño y para el retiro.

b. Unidad de Análisis Financiero.

Se colaborará con el Ministerio de Hacienda para transformar a Chile en el cuarto país de Latinoamérica en ingresar como miembro al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, considerando su reciente incorporación a la OCDE. El GAFI es el organismo internacional encargado de desarrollar y promover políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y en la región sólo Brasil, Argentina y México forman parte de él.

c. Dirección de Compras y Contratación Pública.

● Creación de cluster tecnológico.

Se entregarán servicios focalizados y adecuados a las necesidades los compradores mediante un Ecosistema de Desarrollo de Software. El desarrollo de un sistema de compras públicas robusto, más estable, modular y orientado al usuario, permitirá aumentar el grado de satisfacción del comprador y proveedor. Asimismo, hará posible un uso eficiente de los recursos de los distintos organismos y empresas participantes, disminuyendo los costos de las transacciones.

● Gestión de contratos en línea.

La operación habitual de este sistema le permitirá a las entidades públicas administrar sus contratos, mejorando la transparencia y optimizando el uso de recursos públicos por parte de las entidades afectas a la Ley de Compras N° 19.886. La administración de contratos en línea permite que la ciudadanía tenga claridad de por qué un contrato no se licita nuevamente, los contratos conexos, las ampliaciones, anticiparse a los vencimientos, conocer el funcionamiento del servicio público y, en definitiva, aumentar el acceso.

● Implementar el Pago Electrónico en Mercado Público.

Se busca extender las funcionalidades de pago electrónico a Mercado Público. Esto permitirá disminuir el número de cheques que emite cada organismo público, haciendo más eficiente la función de pago. El contar con esta funcionalidad dentro de Mercado Público posibilitará disminuir los costos de transacción y reducir los tiempos de pago, con lo que se facilita el acceso.

d. Servicio Nacional de Aduanas.

● Se implementará un Programa Estratégico de Desarrollo Institucional para que sus procesos de negocio alcancen estándares internacionales, con el objetivo de contar con una aduana moderna y eficiente.

● Para el aseguramiento de la cadena logística del comercio internacional, se desarrollarán alianzas estratégicas con el sector privado y los demás servicios públicos, se diseñarán procedimientos de facilitación y se implementarán medidas especiales de fiscalización.

e. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

● Se modificará la Ley General de Bancos, introduciendo cambios necesarios para la implementación plena de los mejores estándares internacionales de supervisión bancaria. Dicho proyecto fue postergado con motivo de las definiciones que a nivel internacional deberá tomar el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a fin de incorporar algunas de las experiencias y lecciones que se derivan de la crisis financiera internacional.

● Se desarrollará un nuevo paradigma de supervisión financiera, que busca obtener información en línea de los bancos donde la SBIF pueda acceder fácil y oportunamente a toda la información relevante de las entidades bajo su supervisión.

● El modelo a implementar es en esencia un ejercicio riguroso de supervisión y aplicación de la regulación, que culmina en un juicio experto, cuyo contenido es acumulativo y combina elementos cualitativos y cuantitativos que permiten a la superintendencia observar la calificación final de cada banco en términos de gestión y solvencia y, a su vez, coordinar con el resto de la institucionalidad financiera del país la estabilidad y solvencia del sistema en su conjunto.

● Se avanzará en la implementación de Basilea II –Nuevo Marco de Capital–. La implementación de las orientaciones internacionales en materia de supervisión bancaria y la discusión en torno a las lecciones derivadas de la crisis internacional, generarán la necesidad de efectuar modificaciones en la Ley General de Bancos. La evaluación de dichos cambios, la generación de un proyecto de ley y la discusión de la iniciativa demandarán de la SBIF importantes esfuerzos.

f. Tesorería General de la República.

Se facilitará el cumplimiento tributario. Para ello se han llevado a cabo proyectos permanentes de optimización de los procesos de negocios, incorporando tecnologías de información y desarrollando aplicaciones orientadas fundamentalmente a fortalecer las áreas de recaudación, egresos, cobranza y finanzas públicas, con el objeto de facilitar el cumplimiento tributario y proporcionar información oportuna a las autoridades, en la toma de decisiones.

g. Tribunales Tributarios y Aduanero.

● Serán instalados un total de 18 nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros contemplados legalmente, generándose en el país una nueva jurisdicción especializada, transparente y acorde con los estándares internacionales propios de economías eficientes, modernas y abiertas.

● Se llevará adelante la ejecución de la tercera etapa de la Reforma a la Justicia Tributaria y aduanera que corresponde a la instalación de los tribunales que deben iniciar su funcionamiento el 1 de febrero de 2012 en Concepción, Región del Biobío; Valdivia, Región de Los Ríos; Puerto Montt, Región de Los Lagos, y Coyhaique, Región de Aysén.