Políticas ministeriales
Una justicia ágil, eficiente y oportuna es fundamental para la sociedad de oportunidades, seguridades y valores que se busca promover para Chile.
Si bien la catástrofe que afectó al país el pasado 27 de febrero ha impuesto reordenar algunas de las prioridades del gobierno para el sector justicia, la vocación del ministerio es no renunciar a ningún compromiso. Adicionalmente, ha determinado adoptar medidas urgentes con el objeto de resguardar y fortalecer los derechos de los compatriotas directamente afectados por el sismo y sus consecuencias.
En efecto, en los primeros días de abril el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que presentara el gobierno con el objeto de dar alivio urgente a las necesidades jurídicas más apremiantes de la población. Así, mediante la publicación de la Ley Nº 20.436, se prorrogaron los plazos de los procedimientos judiciales que estaban tramitándose en los tribunales afectados y se redujo sustancialmente el plazo legal para que los familiares de las víctimas desaparecidas con ocasión del terremoto y maremoto del 27 de febrero pudieran solicitar la declaración de muerte presunta de sus parientes.
Superada esta situación de urgencia, el eje fundamental de los esfuerzos del ministerio será fortalecer el acceso a la justicia. Es imperativo avanzar en esta materia que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que muchas veces se sienten marginados del sistema y desprotegidos en sus derechos.
En ese sentido, se impulsará la Reforma Procesal Civil. Ésta es la gran reforma pendiente, ya que el 60 por ciento de las causas que se tramitan en tribunales son de este ámbito. El procedimiento que hoy rige es de finales del siglo XIX y corresponde, entonces, impulsar un cambio que no puede seguir esperando.
Asimismo, se acercará la justicia a los sectores de menores recursos, implementando un programa piloto de tribunales vecinales que prestarán servicios de mediación y resolución de conflictos en aquellas materias que afectan el día a día de las personas.
Además, en la misma línea de fortalecer el acceso a la justicia, se diseñará una reforma a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Es preciso estar seguros de que las personas encuentren un servicio jurídico de calidad y profesional, que los ponga en condiciones de equidad frente al sistema y les dé una respuesta ágil y efectiva frente a sus necesidades.
Por otra parte, se dará prioridad al fortalecimiento y modernización del Poder Judicial, pues la justicia es el medio a través del cual se materializa el ejercicio de los derechos de las personas en los más diversos ámbitos, e incide directamente en la igualdad de oportunidades y en nuestra fortaleza institucional.
Asimismo, se llevará a cabo una contribución efectiva en materia de seguridad ciudadana para ganarle la batalla a la delincuencia. Con miras a este objetivo, se ha propuesto revisar la implementación de la Reforma Procesal Penal en nuestro país. Luego de diez años de vigencia del sistema reformado, es necesario aprender de la experiencia.