Gobierno de Chile

Principales medidas

1. Medidas en ámbito de la emergencia y la reconstrucción del sector Justicia

a. En lo legislativo.

Se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que permite prorrogar los plazos de las actuaciones judiciales y que modifica la declaración de la muerte presunta en las comunas afectadas por el terremoto y posterior tsunami del pasado 27 de febrero.

Con ello, la iniciativa del gobierno, tramitada con máxima celeridad por el Ministerio de Justicia, se publicó como Ley Nº 20.436, previo paso por el Tribunal Constitucional, por contener normas de carácter orgánico constitucional.

En términos concretos, la iniciativa legal consta de tres artículos. El primero establece una prórroga de 30 días, contados desde la publicación de la ley, para la realización de las actuaciones judiciales, diligencias, la interrupción de la prescripción y el ejercicio de acciones o derechos cuyo plazo se encontraba pendiente al 27 de febrero, o para aquellas cuyos plazos comenzaren entre el 28 del mismo mes y los diez días posteriores a la publicación de la norma.

En segundo lugar, y más sensible y relevante para las personas que en lo humano y familiar han sido directamente afectadas por la tragedia, se establece que transcurridos 90 días a contar del 27 de febrero, cualquier persona con interés en ello podrá solicitar que se declare la muerte presunta de aquellas desaparecidas con ocasión de la catástrofe y que se hubieren encontrado en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío, modificando así el Artículo 81, número 9° del Código Civil, que establece un plazo de un año para esta solicitud en casos de sismo o catástrofe. En la Ley se establece que será juez competente para conocer del procedimiento el del último domicilio del causante o cualquier otro con competencia en materia civil de la región en que se presume haya desaparecido la persona, estableciéndose además el otorgamiento de privilegio de pobreza por el solo Ministerio de la Ley para quienes soliciten la declaración, lo que permite la gratuidad de las publicaciones y la exención del pago de aranceles a los auxiliares de la administración de justicia que deban intervenir.

Con esta modificación, el juez podrá fijar como día presuntivo de la muerte el 27 de febrero, con lo que inmediatamente podrá comunicar al Registro Civil para que proceda a la respectiva inscripción. Con ello, por ejemplo, los herederos de una persona declarada muerta por un tribunal podrían obtener la posesión definitiva de sus bienes y patrimonio, y así poder disponer de ellos, cobrar seguros de desgravamen y pensiones de sobrevivencia, entre otros. Más allá de lo estrictamente patrimonial, se busca contribuir a que las personas afectadas por la pérdida de familiares y seres queridos puedan comenzar a cerrar, al menos en lo legal, un doloroso ciclo y vivir su duelo con mayor paz.

Finalmente, el proyecto castiga con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo a quienes declaren fraudulentamente la muerte presunta de una persona, conociendo la existencia del desaparecido, y contempla igual sanción al que simule su propia desaparición o la de otro, como forma de disuadir y castigar cualquier intento de mal uso de la institución.

b. Medidas respecto de la infraestructura sectorial.

Desde la fecha de ocurrencia del terremoto, los equipos técnicos del sector se abocaron a efectuar un levantamiento de información acerca de los inmuebles que fueron afectados por el siniestro acaecido el pasado 27 de febrero de este año.

Los daños más importantes se traducen en diez establecimientos penitenciarios, 30 oficinas de Registro Civil y dos oficinas del Servicio Médico Legal, arrendadas, inhabitables. Además de daños en la infraestructura sectorial de las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Metropolitana.

El monto total estimado, en el año 2010, necesario para enfrentar los daños en la infraestructura sectorial asciende a siete mil 240 millones de pesos, los que permitirán efectuar reparaciones y arrendar inmuebles con su correspondiente habilitación. Adicionalmente, se iniciarán las gestiones para concretar un proyecto de inversión de reparaciones en la Cárcel El Manzano, cuyo monto total estimado asciende a los cinco mil 200 millones.

El financiamiento para estas iniciativas será solventado por el propio sector.

c. Medidas respecto de la Defensa Laboral.Finalmente, cabe destacar que las oficinas de atención de las corporaciones de Asistencia Judicial de las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, del Biobío y Metropolitana presentaron daños que fueron avaluados en aproximadamente 360 millones de pesos, los cuales serán financiados mediante reasignación interna.

● Se ha constituido una mesa de trabajo con la Dirección del Trabajo para coordinar adecuada y oportunamente los servicios de ambas instituciones para la asesoría a aquellos trabajadores que han sido despedidos en virtud de la causal establecida en el artículo 159, número 6, del Código del Trabajo.

● Se han elaborado documentos de difusión e información dirigido a las oficinas de Defensoría Laboral sobre materias relativas a los efectos del terremoto en las relaciones laborales, con el objeto de que las oficinas cuenten con toda la información analizada y recopilada, a fin de prestar un buen servicio y que, en definitiva, sus usuarios estén adecuadamente informados de sus derechos.

● Las oficinas de Defensoría Laboral ubicadas en las regiones más afectadas por la catástrofe del 27 de febrero se han orientado hacia la atención de consultas de trabajadores derivadas de problemas surgidos como consecuencia del terremoto en sus trabajos.

d. En el ámbito de los servicios del sector, se dispusieron las siguientes medidas.

● Respecto de la cobertura de defensa penal, la Defensoría Penal Pública dispuso el apoyo a la gestión de defensa penal a través de la contratación de abogados vía trato directo en las regiones afectadas. Dicha medida se adoptó por el período necesario para restablecer el servicio de defensa penal con normalidad y así evitar que se vieren afectados los derechos y garantías constitucionales de imputados y reos.

● Con miras a enfrentar el impacto del terremoto en la salud mental de familias y niños, el Servicio Nacional de Menores ha gestionado el apoyo de las Unidades Móviles de Intervención en Catástrofes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual ha operado en la zona siniestrada, trabajando con familias, niños y profesionales. Esta iniciativa se articuló estrechamente entre dicho servicio y el Gabinete de la Primera Dama, y en el marco de la misma se ha capacitado a 30 funcionarios públicos para replicar aprendizajes y generar unidades de características similares en el servicio.

● En relación a Gendarmería de Chile, se activó el Plan de Acción Institucional, y como primera medida se dispuso el monitoreo de las eventuales zonas afectadas. Se envió desde el nivel central un contingente de 100 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios Metropolitana, incluidos funcionarios del Centro Especial de Adiestramiento Canino y de la Sección de Operaciones Tácticas del Departamento de Seguridad, con el objeto de abocarse a los temas de la seguridad carcelaria debilitada a consecuencia del terremoto.

Respecto de los establecimientos penitenciarios del subsistema cerrado ubicados en las regiones afectadas, se efectuó un diagnóstico que arrojó como resultado la declaración de pérdida total de las siguientes unidades: Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral, Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Javier, Centro de Detención Preventiva de Curepto, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, Centro de Detención Preventiva de Constitución y Centro de Detención Preventiva de Chanco en la Región del Maule, Centro de Detención Preventiva de Los Ángeles, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán y Centro Penitenciario Femenino de Chillán en la Región del Biobío y Centro de Cumplimiento Penitenciario de Buin en la Región Metropolitana.

Frente a esta disminución de plazas, las unidades que resistieron el terremoto en las regiones afectadas debieron readecuar los espacios para albergar a la población penal de las unidades que sufrieron daños. Bajo este escenario, se debió redistribuir a un total de dos mil 267 internos. Asimismo, se realizó una redistribución de 516 funcionarios perteneciente a las unidades siniestradas.

En cuanto a medidas de reconstrucción, Gendarmería de Chile ha realizado las siguientes acciones:

- Elaboración de un diagnóstico de inversión en relación a la reconstrucción y reparación de diversos centros penitenciarios.

- Determinación de prioridades en relación a la selección y destinación de obras y recursos presupuestarios que se requieren para realizar el proceso de reconstrucción.

- El servicio ha definido cuatro fuentes de financiamiento que permitirán habilitar dependencias que se encuentran con daños producto del cataclismo:

* Presupuesto año 2010, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, específicamente, Mantenimiento y Reparación de edificaciones.

* Presupuesto año 2010, Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, concretamente, fondo de emergencia.

* Solicitud de recursos con carácter de urgencia, correspondientes a la primera prioridad del servicio para el año 2010.

* Solicitud de recursos que corresponden a la segunda prioridad del servicio para el año 2011.

● En el caso del Servicio Médico Legal, se activó el Plan de Contingencia ante desastres masivos en coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia, Policía de Investigaciones, Carabineros, Bomberos y servicios de salud. Se realizaron las siguientes acciones:

- Se reforzó la labor pericial en las regiones del Maule y Biobío.

- El personal del servicio, médicos tanatólogos, técnicos auxiliares, conductores y administrativos de todo el país, se desplazó hasta la zona. Un total de 35 funcionarios en rotación.

- Se enviaron insumos necesarios para cumplir con las labores propias del servicio, tales como bolsas para fallecidos, camionetas, mascarillas, set de placas de identificación para los cuerpos, alimentos, entre otros.

- Se implementaron y habilitaron dos camiones frigoríficos de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, del Ministerio de Salud, para la conservación de fallecidos en las zonas más afectadas por el terremoto.

- Se habilitaron containers del Servicio Médico Legal para atender especialmente a las ciudades de San Antonio y Quillota.

- Un equipo especializado en desastres masivos se constituyó en la zona, compuesto por arqueóloga, odontólogo y antropólogo forense, además de apoyo de perros rescatistas.

- Se incorporaron tres expertos de la Cruz Roja Internacional para apoyar en estrategias de manejo de cadáveres en desastres masivos.

- Con fecha 12 de abril de 2010 se inauguró la nueva sede del Servicio Médico Legal en Talca, siendo el primer servicio público en normalizar sus funciones en la región, donde ocurrió la inhabilitación total de una de las dos sedes de la ciudad.

● El Servicio de Registro Civil e Identificación desplegó un total de catorce equipos móviles, que apoyaron las funciones en las regiones del Maule y Biobío, atendiendo en terreno solicitudes de cédulas en tiempos récord y en forma gratuita para las localidades más afectadas, además de la entrega de certificados y pasaportes entre otros requerimientos.

2. Avance en el ámbito sectorial regular del ministerio

El Congreso aprobó el proyecto del Ejecutivo que establece una extensión del plazo para el cierre de los antiguos tribunales del Trabajo, lo que permitirá que éstos puedan terminar 50 mil 789 causas tramitadas bajo el anterior sistema.

Lo que se busca con esta modificación es evitar una sobrecarga de las causas que deben conocer los nuevos juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional, y también permitir que las causas que mantienen actualmente los trabajadores en los antiguos tribunales, no se vean retrasadas.

La iniciativa favorece a los juzgados del Trabajo de Antofagasta, La Serena y Rancagua; además de un tribunal en Valparaíso y otro en Concepción. Todos ellos extenderán su cierre en un plazo total de 30 meses, y no en 18 como se preveía originalmente, lo que en la práctica significa extender su funcionamiento en un año.

Con esta extensión de los plazos se pretende que el nuevo sistema procesal funcione adecuadamente y que cumpla con la misión de garantizar jurídicamente derechos y deberes en las relaciones de los trabajadores con sus empleadores.

Las causas que se mantuvieran pendientes ya vencidos los plazos, sean éstos de 18 ó 30 meses, serán traspasadas a un Juzgado de Letras del Trabajo o de Cobranza Laboral y Previsional, que deberá designar un juez que asumirá su total tramitación de acuerdo al procedimiento vigente al momento de su inicio.