Gobierno de Chile

Principales medidas

La misión del Ministerio de Obras Públicas es velar por la provisión de servicios de infraestructura para la conectividad, para mejorar la productividad y competitividad de las actividades económicas y velar por la adecuada provisión de servicios básicos, como el servicio de agua potable en los sectores urbano y rural. Adicionalmente, se debe contribuir a la reconstrucción de la infraestructura pública afectada y dañada por el terremoto.

En este contexto, el Ministerio de Obras Públicas ha desarrollado medidas en el ámbito de la emergencia y la reconstrucción nacional y en el ámbito sectorial regular.

1. Plan Emergencia y Reconstrucción

Debido a la catástrofe que afectó a la zona centro sur del país el 27 de febrero, se comenzó a implementar un programa para afrontar las emergencias y la reconstrucción del patrimonio del Ministerio de Obras Públicas que resultó dañado. En este sentido, se han programado inversiones para 2010, las que se detallan en el cuadro siguiente:

Como primera medida se privilegió restablecer la conectividad, para que no existieran localidades aisladas y así poder garantizar la llegada de ayuda a la comunidad afectada. En el caso de la conectividad vial, se recurrió al uso intensivo de maquinaria operada por personal propio del servicio, como a la instalación de puentes mecanos, entre los que se destacan el puente Llacolén, donde por primera vez se usó un puente de doble vía recientemente adquirido por el Ministerio de Obras Públicas. También se instalaron puentes mecanos en la ciudad de Cauquenes y en otras localidades.

Además, para afrontar la emergencia inmediata se han reorientado los contratos de conservación global que estaban operando en las zonas afectadas y también mediante algunos tratos directos que hubo que resolver en esta primera etapa.

Con un levantamiento general de los daños ocurridos, se iniciaron los contratos de reparación y, próximamente, se iniciarán otros de reconstrucción, los cuales ya están identificados. En la tabla siguiente se destacan algunos de ellos:

Por su parte, se concordó un plan de acción con las empresas concesionarias para llevar a cabo de manera expedita la reposición y reparación de la infraestructura dañada. Los resultados y las fechas en que las soluciones estarán terminadas se presentan en el siguiente cuadro:

En la red aeroportuaria nacional, el Edificio Terminal de Pasajeros y la Torre de Control de Arturo Merino Benítez, en Santiago, sufrieron daños importantes a consecuencia del terremoto.

En una primera etapa, ambas estructuras se pusieron en marcha a través de soluciones provisorias. Hoy se encuentran en pleno funcionamiento y se mantiene una operación provisoria sólo respecto de la torre de control.

Adicionalmente, se están haciendo todos los esfuerzos para asegurar la operatividad del terminal con nuevas soluciones para entregar en los menores tiempos posibles los niveles de servicio y confort esperados, teniendo programada como fecha de solución diciembre de 2010.

Respecto de los logros alcanzados en materia de abastecimiento de agua potable por redes, al 28 de marzo de 2010 el porcentaje de abastecimiento a nivel nacional era de 99,7 por ciento, no había población sin suministro y se tenía información respecto del cien por ciento de los habitantes abastecidos por red a nivel nacional. El porcentaje de abastecimiento en base a camiones a esa fecha era de 0,3 por ciento. En la Región del Biobío se logró reponer el abastecimiento por redes al 98,1 por ciento de la población y sólo un dos por ciento era abastecido por camiones.

Otra de las medidas adoptadas por organismos relacionados con el ministerio son la disposición del Instituto Nacional de Hidráulica de una misión en terreno para el estudio de los efectos del maremoto para la identificación de la línea de mayor alcance y altura de onda de crecida de las aguas que incursionaron en el territorio continental, junto con toda la información existente que permita conocer mejor el fenómeno ocurrido.

Para ello, un grupo de técnicos e ingenieros de este instituto, apoyados por investigadores y alumnos de las universidades de Chile y Santa María, recorrieron la zona afectada, entre las regiones de Valparaíso y Biobío –específicamente las localidades de Tirúa, Quidico, Lebu, caleta Tumbes, Dichato, Constitución, Maguellines, Curanipe, Iloca, Duao, Pichilemu y Llolleo– midiendo las coordenadas geográficas del hito de mayor alcance.

Esta información constituirá una base útil de datos reales de campo, que entre otras cosas permitirá modelar el fenómeno, aplicando sus resultados en la misma zona, como también en otras localidades del país, especialmente en el norte. Esta base de datos tendrá importancia internacional, ya que podrá complementarse con otras mediciones que se están realizando sobre este fenómeno por algunas organizaciones internacionales.

Por otra parte, la infraestructura sanitaria por redes entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, incluida la Metropolitana, se vio fuertemente afectada. Lo anterior significó daños importantes en fuentes de agua potable, caídas de estanques, roturas en alimentadoras, impulsiones y conducciones, además de numerosos perjuicios en las redes de distribución de agua potable y recolección de alcantarillado, plantas elevadoras y sistemas de tratamiento de aguas servidas. Adicionalmente, el suministro se vio inicialmente afectado por la falta de energía eléctrica y escasez de combustible para el funcionamiento de los equipos electrógenos de respaldo, los que son necesarios para las plantas de elevación en muchos sistemas de agua potable y alcantarillado.

Lo anterior implicó para la Superintendencia de Servicios Sanitarios efectuar las coordinaciones con las respectivas empresas concesionarias de servicios sanitarios, con el objetivo de tener un diagnóstico rápido que permitiera focalizar la acción de otros actores presentes en los distintos Comités de Emergencia. Todo lo anterior con el objetivo principal de restablecer en el menor tiempo posible el suministro de agua potable y, además, estar preparados para un eventual desabastecimiento, el que podría haberse ocasionado producto de cortes programados del servicio eléctrico, incluso en regiones que no fueron afectadas fuertemente por el terremoto pero que sí sufrieron cortes de suministro eléctrico prolongados.

Al 21 de mayo de 2010 todas las localidades, tanto rurales como urbanas, tienen suministro de agua potable.

Durante todo este período la acción fiscalizadora del Estado ha estado desplegada tanto en hacer un seguimiento sistemático de la reposición de servicios sanitarios, como en atender los requerimientos de los ciudadanos que han visto afectada la calidad del servicio. Esta fiscalización se mantendrá a fin de garantizar a la población que los servicios no prestados por las concesionarias no serán cobrados y en aquellos casos en que se detecten nuevas fallas de servicio como consecuencia de reparaciones realizadas en forma deficiente, sean solucionadas en los plazos técnicamente factibles para ello.

Por otra parte, habiendo agua en los sistemas públicos de distribución, es posible hacer uso de los sistemas de recolección, los cuales también fueron dañados por el sismo. Al respecto, ya se han realizado acciones tendientes a que los concesionarios realicen las mantenciones necesarias para evitar los afloramientos de aguas servidas como consecuencia de las próximas lluvias.

La estimación de los daños del sector sanitario del país ascenderían a un rango de 110 a 120 millones de dólares, de los cuales sobre 100 millones de dólares serían los daños de la concesionaria que atiende a gran parte de la Región del Biobío, lo cual da una idea de lo destructivo que fue el terremoto en esa zona. Es necesario destacar que al ser un sector gestionado por empresas privadas, los costos no serán traspasados a los clientes en las próximas indexaciones tarifarias, como tampoco aquellos gastos incurridos por los concesionarios en mitigar la falta de agua potable a través de las redes de distribución.

De acuerdo a la situación descrita, los sistemas de agua potable y alcantarillado de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins, por el norte, y de La Araucanía, por el sur, son los que tuvieron menos daños y una relativamente rápida recuperación en la continuidad de la prestación del servicio de agua potable. Sin embargo, en las regiones del Maule y, muy especialmente, en la del Biobío, los sistemas de agua potable y alcantarillado son los que registraron mayores daños y destrucción de su infraestructura y consecuentemente mayores dificultades para el restablecimiento de los servicios.

En materia del recurso hídrico, como una medida de emergencia se inspeccionó la situación de los principales embalses. A partir de los catastros que la Dirección General de Aguas ha realizado se identificó a una selección de los embalses prioritarios a inspeccionar en cada región, donde fue determinante tanto la capacidad del embalse como la proximidad a localidades pobladas y el riesgo de afectar a terceros. La entidad inspeccionó a la fecha 101 embalses en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. De acuerdo a su estado de deterioro o daño y riesgo asociado se han establecido normas especiales de operación para el resguardo de la población y bienes, no sólo considerando el estado de deterioro por efecto del sismo, sino el riesgo ante las réplicas y lluvias importantes. A la fecha hay un total de quince resoluciones notificadas a los administradores o propietarios de los embalses.

A lo anterior, se debe agregar la grave situación producida por el colapso de dos embalses –tranque de relave Las Palmas, Región del Maule, y tranque de relave Veta del Agua, Región de Valparaíso– que provocaron la obstrucción de cauces naturales, caminos y cobró la vida de personas en un caso. En ambos casos, la Dirección General de Aguas ordenó a las respectivas empresas la restitución de los cauces obstruidos y ha coordinado acciones en terreno, junto a otras instituciones, para la limpieza efectiva de los cauces, el acopio de los relaves esparcidos, la evaluación del daño ambiental y otras medidas que se estimen necesarias frente esta emergencia. Asimismo, se han iniciado acciones legales para establecer las responsabilidades del caso y se contrató al DICTUC para la evaluación y cuantificación del daño ambiental, y establecer medidas acorde a cada caso.

Para prevenir posibles problemas de inundaciones, el Ministerio de Obras Públicas está llevando a cabo el Plan Invierno 2010. En este sentido, se ha iniciado el proceso anual que ordena el cierre de bocatomas, que para este año contempla una preocupación adicional dada la situación de daño de canales que requieren de un control especial.

Además, se encuentra en pleno desarrollo la implementación de la Ley de Embalses, que permite operar estas obras con fines de mitigación de grandes crecidas. Esto se inició con el registro de embalses en la Dirección General de Aguas y la posterior declaración de embalses de control. El proceso de implementación que se ha iniciado para los embalses más relevantes en los ríos Biobío y Maule requiere la interacción de la Dirección General de Aguas, la Oficina Nacional de Emergencias, la Dirección Meteorológica de Chile y los operadores de dichos embalses.

Por otra parte, la Dirección General de Aguas ha centrado su trabajo en la reposición de la red de medición hidrológica para mantenerla operativa. Esta tarea contempla la reconstrucción completa de cinco estaciones y reparación de otras quince, además de la reposición de instrumental en todas ellas. El presupuesto requerido para estas labores es de 295 millones de pesos.

2. Medidas en el ámbito sectorial regular

a. Programas de conectividad.

Dada la emergencia que se está afrontando, los programas regulares de inversión de proyectos asociados a la conectividad han debido obligatoriamente reformularse. En este sentido la política que ha aplicado el Ministerio de Obras Públicas consiste en:

● Asegurar los compromisos de obras y estudios en ejecución.

● Mantener el nivel de conservación por administración directa y expropiaciones.

● Continuar los procesos de licitación en curso.

● Privilegiar los programas de conservación por sobre los específicos dentro de las restricciones presupuestarias.

● Revisar cada uno de estos planes –Plan Arauco, Red Interlagos, Plan Chiloé y Programa de Conectividad Austral– a la luz del terremoto y dar la prioridad que exige la emergencia en la asignación de recursos.

b. Infraestructura para mejorar la productividad.

De acuerdo a lo planificado, en materia de aeropuertos se han iniciado las acciones para concretar los nuevos períodos de concesión de los aeropuertos El Loa de Calama y Cerro Moreno de Antofagasta, cuyos plazos de término son los meses de junio y septiembre del año 2010, respectivamente. Estos contratos deberán prorrogarse por el retraso de las licitaciones de las segundas concesiones.

Por otra parte, en materia de obras portuarias y caletas pesqueras, durante los dos meses de gestión del actual gobierno se ha avanzado en la licitación de dos caletas pesqueras y se espera dar inicio a la construcción de obras en las caletas pesqueras Guardia Marina Riquelme de Iquique y en Quintay.