Gobierno de Chile

Políticas ministeriales

1. Subsecretaría de Transportes

Su rol esencial es promover la existencia de sistemas de transporte público que mejoren la calidad de vida de los usuarios y, a nivel interurbano, incentivar la sana competencia entre los distintos modos de transporte.

En el transporte urbano, este gobierno se plantea el objetivo explícito de reducir los tiempos de viajes en las grandes ciudades como factor necesario para mejorar las condiciones de vida urbana. Con esta finalidad, se postula que las regulaciones e intervenciones del Estado deben ser las mínimas necesarias para corregir los problemas y necesidades que se detecten. Toda regulación se someterá a un análisis de costo-beneficio para evitar que la solución tenga más costos que el problema original.

La autoridad de transportes se compromete a desarrollar y aplicar procedimientos conocidos, eficientes y transparentes en las distintas decisiones del sector para evitar los costos, desincentivos e incertidumbres que conlleva la discrecionalidad.

En el año 2010, la autoridad de transportes deberá transferir un monto de subsidios que supera en unas 120 veces los que entregó en 2006. Para realizarlo en forma eficiente, es imprescindible que refuerce en alto grado su capacidad administrativa y de control y fiscalización.

Además, se aplicarán acciones con una visión técnica de largo plazo para el sector, que incorpore la opinión de los actores relevantes.

2. Subsecretaría de Telecomunicaciones

Existen cuatro ejes centrales que estructuran las políticas ministeriales en telecomunicaciones y que serán los fundamentos de las acciones que a continuación se detallan:

a. Reducción de la brecha digital.

Como primer eje del Programa de Gobierno en materia de telecomunicaciones, destaca la idea de reducir la brecha digital existente actualmente en nuestro país, logro que se alcanzará mediante la implementación de una Banda Ancha para todos en el Chile desarrollado. Este eje o principio de política pública implica dos dimensiones principales:

● Redes de conectividad o presencia física de los sistemas de telecomunicaciones con ofertas adecuadas en los distintos segmentos de la población.

● Contenidos de naturaleza adecuada, competitiva y actualizada de suficiente valor.

Bajo este compromiso de reducción de la brecha digital a través del acceso de Banda Ancha para Todos, se tendrá especial preocupación por entregar y mejorar la conectividad de las escuelas y colegios del país, en especial de las regiones y localidades apartadas, a fin de comunicar a los estudiantes con la más importante red del conocimiento.

b. Profundización de la competencia en el mercado.

Un segundo eje fundamental de la política sectorial guarda relación con las comunicaciones del futuro y cómo éstas se hacen tangibles en variedad y calidad para las personas. Esto se logrará mediante un fomento de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, lo que tendrá por propósito asegurar que los consumidores accedan a mejores precios y a una mayor diversidad, calidad y acceso. Para ello, es imprescindible tomar una serie de medidas que mantengan y mejoren el estado actual del mercado. Es así como se ha impulsado:

● La portabilidad del número con la finalidad de disminuir las barreras de salida y mejorar la competitividad del mercado.

● La televisión digital con la finalidad de aumentar la oferta de bienes y servicios de calidad en la población.

En este sentido, el modelo concesional propuesto para la televisión digital implicará la introducción de un esquema flexible, en donde la plataforma multimedial soportará el desarrollo de cualquier negocio televisivo.

Por otra parte, se estima fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones el reconocimiento de la convergencia de servicios, toda vez que ello permitirá la integración de diferentes tecnologías –por ejemplo, fijo-móvil– y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dado que cada uno de estos no seguirán otorgándose necesariamente a través de diferentes redes, lo que se traduce en menores precios para el consumidor. Para lograr lo anterior, se considera la entrega de una licencia única.

La historia de éxitos de la industria de telecomunicaciones demuestra que es el impulso de la competencia el mejor vehículo para lograr este objetivo macro de penetración de servicios. De ahí que el gobierno asuma seriamente el desafío de desarrollar mecanismos de inclusión de operadores, tanto de carácter masivo como de nicho, que se interesen en realizar las inversiones y explotar, con una mirada de largo plazo, los sistemas de acceso y funcionalidades necesarias para brindar variadas formas del servicios de telecomunicaciones con tarifas apropiadas.

c. Rol subsidiario del Estado.

El tercer eje clave del Programa de Gobierno para las telecomunicaciones está basado en el desarrollo equilibrado del rol subsidiario del Estado. En este sentido, resulta necesario redefinir el objetivo del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones a fin de que los sectores más aislados y vulnerables del país accedan a los servicios integrados a la banda ancha en establecimientos educacionales y en los hogares en condiciones asequibles.

El fin último de este eje será reducir la brecha digital entre quienes tienen acceso a los medios actuales de información, educación y cultura, como es la banda ancha, y quienes no lo tienen.

d. Reformulación de la institucionalidad, creación de la superintendencia.

Es tarea de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, proteger los derechos de los usuarios, realizando acciones que permitan el acceso libre e informado a los actuales y nuevos servicios de telecomunicaciones disponibles en el país, y fiscalizando el fiel cumplimiento de las normas, estándares y contratos para una correcta operación de las empresas proveedoras.

Es así como este cuarto eje programático estará enfocado en la reformulación de la Subtel, creando una superintendencia de Telecomunicaciones que se hará cargo de la fiscalización del sector, y en la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la que cumplirá un rol normativo y regulatorio. Como parte de esta nueva institucionalidad y en pos de una verdadera separación de funciones, la Superintendencia como organismo fiscalizador dependería del Ministerio de Economía. En la misma línea, se impulsará el proyecto de ley que contempla la creación de un panel de expertos, el que hoy se encuentra en el Congreso Nacional.