Principales medidas
1. Subsecretaría de Transportes
a. Medidas en el ámbito de la emergencia y la reconstrucción nacional.
Desde el punto de vista de la gestión del transporte, la mayor urgencia fue recuperar la movilidad de la población para facilitar la vuelta a la normalidad. En el área de Concepción un problema crítico fue recuperar la conectividad entre las riberas norte y sur del río Biobío.
Equipos de especialistas apoyaron la reparación y reinstalación de los sistemas de control de tráfico en Concepción. Igual tarea, aunque en forma manual, se realizó en Talca, donde se continúa prestando apoyo permanente.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la intendencia regional, elaboraron un plan de emergencia de recuperación vial que contempló la optimización de la transferencia de carga y pasajeros, utilizando el puente ferroviario y aumentando la ocupación de buses en el puente Llacolén. Adicionalmente, se restringió la circulación de vehículos y se rediseñaron los recorridos de buses para compensar esta restricción.
Actualmente, se está trabajando también en la implementación de ciclovías que faciliten el desplazamiento de las personas en el área urbana.
b. Medidas en el ámbito sectorial regular del ministerio.
La evolución que experimentó el Transantiago, desde un sistema que se autofinanciaba a otro que necesita elevados subsidios, ha obligado al país asumir mayores costos y ha requerido generar nuevos mecanismos de administración y control de las transferencias de fondos al sector privado. Esto también ha significado adecuar procedimientos que originalmente se diseñaron para relaciones entre privados y que hoy comprometen patrimonio y recursos del Estado.
Este gobierno ha tenido que poner en funcionamiento los mecanismos para la determinación de los reajustes tarifarios y las modificaciones de las tarifas a usuarios que estableció la Ley de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros, que partieron con retraso el año 2010, lo que implicará medidas más exigentes.
Con el objeto de moderar los efectos adversos que deben afrontar los usuarios por las alzas de las tarifas necesarias para financiar el déficit no cubierto por los subsidios, se ha desarrollado un proceso de análisis exhaustivo de los costos del Transantiago, manteniendo sólo aquellos que se traducen en mejoras efectivas en la calidad del servicio.
La fiscalización del sistema de transporte se está ampliando y reforzando para asegurar mayor efectividad en el cumplimiento de los operadores con los servicios ofertados y en el control de la evasión.
La fiscalización de los operadores tiene por objeto asegurar que el esfuerzo que está realizando el Estado al financiar el déficit del sistema tenga como resultado que los usuarios cuenten con un servicio de calidad satisfactoria. Se ha dado especial importancia a controlar la evasión para evitar que unos pocos se aprovechen del esfuerzo de muchos que pagan lo que corresponde.
Durante marzo se dio curso a las rebajas de tarifas derivadas del Subsidio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros en Iquique, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Esto constituye un beneficio a los usuarios, especialmente necesario en las zonas afectadas por el terremoto.
2. Subsecretaría de Telecomunicaciones
Después del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010 fallaron las redes de la telefonía móvil en parte importante del territorio nacional, lo que resultó particularmente crítico en la zona devastada donde también colapsaron la telefonía fija e Internet. Por esa razón, el gobierno ha puesto especial énfasis en este sector tan importante y estratégico, adoptando diferentes medidas post terremoto.
a. Medidas en el ámbito de la emergencia.
● Se fiscalizó el comportamiento de las diferentes empresas concesionarias de servicio público de telefonía fija y móvil. Esto, con el fin de identificar las causas de la pérdida en la continuidad y deterioro del servicio, tanto en el día del terremoto como en las réplicas y cortes de suministro eléctrico posteriores, y de evaluar las posibles responsabilidades asociadas.
● Con posterioridad al terremoto se ha desarrollado un trabajo en terreno en las regiones afectadas, con la finalidad de coordinar y resolver las necesidades de conectividad de las autoridades regionales de dichas zonas; lograr priorizar la reposición de energía eléctrica a las operadoras a través de acciones con las empresas eléctricas regionales, y gestionar facilidades para las labores de reposición y operación de las distintas concesionarias presente en las zonas de catástrofe en coordinación con la entidades de gobierno.
● Se apoyó al Ministerio del Interior y a la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en sus necesidades de telecomunicaciones para la coordinación de gestión en situaciones de emergencia, principalmente a través de la canalización de las donaciones tecnológicas internacionales, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las regiones declaradas Zona de Catástrofe.
Asimismo, fueron reforzados los sistemas de comunicaciones de las regiones y zonas insulares no afectadas por la emergencia, lo que permitió mantener el contacto con las autoridades de gobierno.
b. Medidas de recuperación del servicio público de telecomunicaciones.
● Considerando el comportamiento de los servicios de telefonía fija y móvil con ocasión del terremoto, se conformó una mesa de trabajo convocando a los más altos representantes de las empresas de telecomunicaciones, con el propósito de desarrollar de manera consensuada un plan de acción para una adecuada operación de estos servicios en situaciones de emergencia. Este acuerdo incluye medidas a implementar en el corto plazo, como la mitigación de los problemas de congestión y la definición de un estándar más elevado de calidad de servicio. En el mediano plazo, destaca la implementación de un sistema de alerta temprana vía celulares.
● Con el objeto de asegurar la correcta aplicación de descuentos e indemnizaciones que le caben a los suscriptores, producto del terremoto y los eventos ocurridos con posterioridad, se solicitó a las concesionarias móviles y fijas que informen de la política de descuentos e indemnización por indisponibilidad de servicio. Asimismo, se formularon cargos por incumplimiento en la entrega de dicha información y se instruyó a dichas concesionarias sobre la correcta aplicación de la normativa correspondiente, para proceder a fiscalizar su adecuado cumplimiento.
● Con el objeto de implementar las mejores prácticas internacionales que permitan minimizar la probabilidad de indisponibilidad de los puntos críticos de la red, la Subtel participó en el Comité Interministerial para la Modernización del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias. La principal labor fue asesorar técnicamente en la definición de los requerimientos para contar con una Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia y Sistema de Alerta Temprana, efectuar el levantamiento y hacer un diagnóstico de la situación actual de las redes de emergencia de los organismos públicos y Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que interactúan con el Estado en situaciones de catástrofe o emergencias de nivel nacional.
c. Medidas para la reconstrucción en el sector de telecomunicaciones.
● Reorientación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones a la Reconstrucción. En el marco del proyecto de mayor envergadura en financiamiento estatal, el proyecto Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación, IDCI, cuyo objeto es entregar servicio de Internet de bajo precio a mil 474 localidades distribuidas en todo el país, se ha decidido dar prioridad en su ejecución a las localidades de las zonas afectadas por la catástrofe.
Esta iniciativa cuenta con un monto de subsidio que supera los 22 mil millones de pesos.
Del total de localidades comprometidas en el proyecto, un 57 por ciento están contenidas en la zona de catástrofe. Por ello, desde los primeros días de gobierno se ha trabajado en acelerar el financiamiento y la entrada de operación del proyecto en cuestión.
● Proyecto de Ley de Reconstrucción de las Telecomunicaciones. A partir de la observación del comportamiento de las redes y servicios de telecomunicaciones durante la emergencia del pasado 27 de febrero y los eventos posteriores, ha quedado en evidencia la necesidad de contar con herramientas legales y normativas específicas para conducir los requerimientos de servicio de los usuarios durante estas situaciones. La tarea de este ministerio es defender a los chilenos y garantizar que cuenten con un buen servicio siempre.
Para ello, se presentó un proyecto de ley que considera como medida de alcance inmediato que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tenga la facultad suficiente para disponer medidas de operación a los concesionarios de telecomunicaciones, a fin de garantizar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos naturales, fallas eléctricas generalizadas u otros eventos similares.
Asimismo, la iniciativa considera distintas medidas para la reconstrucción a fin de permitir, en un futuro próximo, contar con nuevas redes de telecomunicaciones públicas eficaces para enfrentar emergencias:
- Optimización del uso de infraestructura: el proyecto incentiva y facilita la incorporación al mercado de empresas o entidades que suministren servicios de venta o arriendo de infraestructura para telecomunicaciones, más allá de los operadores tradicionales, optimizando así el ritmo de instalación y reconstrucción de sistemas de telecomunicaciones en beneficio de la comunidad y también de las concesionarias.
- Consejo para la Protección de las Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones: consejo de tipo interministerial, cuya tarea principal será liderar el desarrollo de una política nacional de protección de las infraestructuras críticas de este sector, así como el diseño y definición de un plan estratégico nacional de protección de las redes y sistemas críticos a nivel nacional.
- Indemnización por falta de servicio de acceso a Internet: la mejora de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones dependen, en gran medida, del grado de competencia del mercado y de la posibilidad de internalizar los costos de fallas en que incurre la sociedad frente a la interrupción de un servicio público. En el caso particular de las conexiones de Internet, esta medida resulta urgente ya que la ley no incluye ninguna regulación de calidad ni de indemnización por falla de servicio.
- Uso de la Red Pública de Telecomunicaciones en situaciones de emergencias: el terremoto desnudó la necesidad de entregar masivamente a la población información sobre una emergencia. Para ello, es necesario disponer de la red de telecomunicaciones que sea capaz de informar alertas tempranas de tragedias y, al mismo tiempo, facilitar la coordinación entre todos los estamentos que están encargados de administrar la emergencia, la entrega de ayuda y posterior reconstrucción.
Para ello se incorporan una serie de medidas a fin de garantizar que las redes de telecomunicaciones cuenten con estas facilidades. Además, se establecen criterios de diseño, en especial para equipos de respaldo y autonomía energética que permita enfrentar de mejor forma las catástrofes a que está expuesto el país.
d. Medidas regulares.
● Televisión digital terrestre. Con el fin de asegurar la transmisión de esta tecnología en Chile, se ha procedido a renovar todos los permisos de transmisión demostrativa de televisión digital de manera que, tanto la ciudadanía como los canales de televisión, puedan acceder a sus beneficios en el más breve plazo.
En total, se tramitaron nueve resoluciones que otorgaron permisos provisorios para transmisiones demostrativas de televisión digital, con sus correspondientes renovaciones de plazos.
● Se promulgaron los decretos supremos que permitirán el ingreso al mercado de dos nuevos operadores móviles de tercera generación, 3G, lo que generará una mayor competencia en telefonía e Internet móvil.
● Con motivo de la reciente promulgación de la Ley de Radios Comunitarias, se ha trabajado coordinando el despeje de un segmento de la banda de frecuencias actualmente destinado al servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, FM, y un ordenamiento del espectro radial, con la renovación y normalización de las concesiones radiales de acuerdo a esta nueva normativa.