Políticas ministeriales
1. Organización de la comisión
La Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona directamente con el Presidente de la República.
Para efectos de los actos administrativos que deban dictarse a través de una Secretaría de Estado, se relaciona con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Los órganos de la comisión son un Consejo Directivo –formado por catorce ministros de Estado–, la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Dirección Ejecutiva, las direcciones regionales de la Conama, el Consejo Consultivo Nacional y sus símiles regionales y las comisiones regionales del Medio Ambiente, presididas por los intendentes.
La Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ejerce el cargo con el rango de Ministro de Estado y, en conjunto con el Consejo Directivo, le corresponde la dirección superior de la comisión. Por su parte, al Director Ejecutivo de la Conama le corresponde la administración de la comisión y es el jefe superior del servicio.
2. Políticas ministeriales y estado del sector
a. Gestión de calidad del aire.
En los últimos 20 años se han tomado medidas que apuntan a una reducción estructural y permanente de la contaminación del aire en la Región Metropolitana, como son las normas de emisión para las distintas tecnologías usadas en el transporte y la industria, las cuales han sido incorporadas por ambos sectores, mejorando la calidad del aire. Así, se ha logrado reducir en 20 años un 56 por ciento de la contaminación atmosférica provocada por material particulado en la capital.
Si bien estas medidas han permitido disminuir las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos, es necesario avanzar mucho más en esta materia, abordando el problema de manera integral, eficiente y permanente, de manera de reducir tanto las concentraciones en los días críticos del invierno, así como los promedios anuales de contaminación, que en el caso del material particulado aún superan las normas de calidad ambiental. Además, la contaminación del aire no es únicamente un problema de la Región Metropolitana, sino que se ha ido extendiendo a lo largo del país, situación que se ha vuelto compleja en las ciudades del centro-sur de Chile, lo que debe ser abordado con urgencia.
b. Residuos sólidos.
Con la reciente incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Chile se ha comprometido a la revisión de dos importantes temas: la armonización de la normativa ambiental nacional atingente a residuos sólidos y la consolidación de la estrategia jerarquizada dentro de las leyes y políticas de gestión de residuos sólidos.
A partir de esta nueva realidad, se hace necesario redefinir el enfoque de la gestión de los residuos sólidos en Chile, desde la óptica de los aspectos sanitarios, hacia una en donde la adecuada disposición final sea el último eslabón de una cadena en la cual se privilegian todas las etapas anteriores. Es decir, minimizar la generación de residuos, reciclarlos, reutilizarlos y valorarlos adecuadamente, incluyendo, por cierto, su aprovechamiento energético.
c. Cambio climático.
Los resultados de los estudios sobre el clima futuro de Chile a fines de siglo, indican posibles aumentos de temperatura de entre 1˚C a 3˚C en los escenarios más probables, y de 2˚C a 4˚C en los casos más extremos. Se trata de aumentos considerables de temperatura y de cambios en los patrones de precipitación a lo largo del territorio nacional.
La evidencia respecto de nuestra condición de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático nos obliga a profundizar en la evaluación de los impactos de este fenómeno global a nivel local, en materias tan relevantes como la producción de alimentos, la infraestructura urbana y costera, la biodiversidad y la disponibilidad futura del recurso hídrico. Lo anterior, tanto para el abastecimiento de agua potable a la población, como en cuanto insumo fundamental y estratégico para sectores clave de la economía nacional como la minería, la agricultura, la silvicultura, la producción de energía y la industria en general.
Chile genera actualmente el 0,2 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y si bien es una incidencia marginal, éstas han aumentado significativamente en los últimos 20 años. Asimismo, las proyecciones indican que podrían seguir aumentando, producto del crecimiento de la demanda de energía que se espera para los próximos años.
Para alcanzar el desarrollo de manera sustentable es fundamental avanzar hacia una economía menos intensiva en carbono. Ello requiere adecuar las políticas en la materia, generando mayores incentivos a la eficiencia energética y a las energías renovables no convencionales, incorporando nuevas fuentes de generación hidroeléctrica a la matriz, nuevas tecnologías de abatimiento y cambio en los combustibles, mejorando los sistemas de transporte, desarrollando el sector forestal e impulsando un programa de construcción sustentable.
d. Biodiversidad.
Se debe crear conciencia, como país, que cuidar el capital natural es una clave para el desarrollo sustentable y que invertir en las áreas protegidas asoma como un muy buen negocio para Chile. El país es reconocido y valorado por su diversidad natural, la cual se debe potenciar y proteger. El desafío es balancear adecuadamente las necesidades de conservación con las de desarrollo económico.
Actualmente, las áreas protegidas están fuertemente representadas en las regiones de Aysén y Magallanes, y subrepresentadas en la zona comprendida entre las regiones de Atacama y Biobío. La nueva institucionalidad ambiental dará paso a una reforma inédita en la manera en que deben ser gestionados los recursos naturales en Chile, ya que por mandato legal se deberá contar con una sola voz en materia de gestión de los recursos naturales, a través de la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y de Áreas Protegidas.